El autor profundiza sobre las contradicciones en el reconocimiento ( o no) a los derechos laborales de quienes están presos en las cárceles de nuestro país. Un tema donde abundan prejuicios y no falta ignorancia.

Por Matías Isequilla

Ojo por ojo se queda ciega la humanidad”

Mahatma Gandhi

 

En fecha 01/12/14 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, el máximo tribunal penal de la Nación, en los autos “Képych, Y. T. s/ recurso de casación”, dictó un pronunciamiento que, con fundamento en la ley 24.660 que regula todo lo atinente a la ejecución de la pena privativa de la libertad en el ámbito federal y provincial, estableció de manera categórica que el trabajo de la persona privada de la libertad ambulatoria en su lugar de detención no resulta ser una concesión graciable del Estado, sino que, de conformidad con lo expresamente dispuesto el artículo 106 de dicha norma, constituye un derecho del detenido. Asimismo, dicho tribunal determinó que el trabajo penitenciario no debe ser diferenciado del trabajo libre en relación con los derechos y condiciones reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y que, para cualquier detenido que trabaje, no pueden dejar de gobernar como estándares, entre otros, el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances (verbigracia, asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación), todo ello por imperio del principio de progresividad.

En rigor de verdad, dicho relevante precedente jurisprudencial no hizo más que ratificar el criterio reiteradamente adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional, y que la dignidad humana implica que las personas penalmente condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimiento del debido proceso1, como así también lo resuelto con anterioridad por diversos tribunales penales y del trabajo del país, los cuales, con fundamento en el artículo 107 inciso g) de la ley 24.660, determinaron que las relaciones laborales que se desarrollan en el marco de la privación de la libertad de una persona se encuentran reguladas por la totalidad de la normativa laboral y de la seguridad social que rige en el marco de los contratos de trabajo celebrados entre sujetos privados en el medio libre2.

Sin embargo, la toma de estado público a través de los medios masivos de comunicación del pronunciamiento judicial en cuestión, el cual, en resumidas cuentas, dispone la equiparación de los derechos laborales de las personas privadas de la libertad ambulatoria que trabajan en contexto de encierro a los de los demás trabajadores privados que se desempeñan en el medio libre, ha tenido una importante y, lamentablemente, muy negativa repercusión en la opinión pública, en general, y en los ámbitos social, político e, incluso, académico3, en particular.

En tales términos, la mayor parte de la sociedad argentina exteriorizó sin tapujos los enormes prejuicios que posee respecto de las personas privadas de la libertad ambulatoria, a pesar que –cuando menos— sobre la mitad de ellas no ha recaído una sentencia condenatoria y, por ende, resultan, desde un punto de vista constitucional, inocentes, como así también evidenció una palmaria ignorancia acerca del alcance y del contenido de la normativa nacional e internacional que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad en nuestro país4.

Ahora bien, por mucho que se intente minimizar los tremendos padecimientos que la pérdida de la libertad ambulatoria produce sobre el animal humano a los fines de intentar –vanamente, a mi entender— justificar la restricción a las personas privadas de la libertad ambulatoria del ejercicio de otros derechos que le resultan constitucionalmente garantizados, en la actualidad resulta incontrovertible el hecho que la reclusión de una persona en cualquier establecimiento penitenciario de la Argentina constituye un cruel castigo, sólo superable por la muerte, que nada tiene de resocializador y que oculta, detrás de un supuesto acto de justicia, una simple y vulgar venganza.

En ese sentido, cabe afirmar sin vacilación que el sistema punitivo argentino resulta absolutamente incapaz de solucionar el conflicto social que la comisión de un delito –en principio— supone y que, muy por el contrario, constituye un mero multiplicador de dolor y violencia, toda vez que, por un lado, soslaya por completo los derechos y necesidades de las víctimas y/o de sus familias y, por el otro, impone a los imputados gravísimos vejámenes y padecimientos, que suelen alcanzar intolerables niveles de inhumanidad y ciertamente conspiran contra los falsa e hipócritamente declamados objetivos de resocialización y reinserción social.

Así las cosas,el Estado se encuentra inmersa en una patética paradoja, consistente en que éste destina una enorme masa de recursos económicos, que bien podrían utilizarse, por caso, para generar empleo y, por el contrario, por lo general termina engrosando las arcas de un estructural sistema de corrupción para-estatal, a los fines de infringir a los “delincuentes” –bajo un falaz halo tratamental— el sistemático castigo que ciertamente significa la imposición de una pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario de la Argentina, el cual, por cierto, sólo puede redundar en la reincidencia delictual y en la multiplicación exponencial de la violencia crimina.

Dicha dura realidad resulta plenamente consecuente con un sistema penal altamente selectivo como el argentino, el cual, en el marco de una sociedad capitalista sumamente desigual e injusta como la nuestra, sin dudas constituye un imprescindible instrumento de control social utilizado por las clases dominantes para el mantenimiento del actual estado de cosas.

En tal sentido, sostenía Christie que las sociedades occidentales enfrentan dos problemas principales: la distribución desigual de la riqueza y la distribución desigual del acceso al trabajo remunerado, que ambos problemas pueden dar lugar a disturbios y que la industria del control del delito está preparada para enfrentarlos: provee ganancias y trabajo al mismo tiempo que produce control sobre quienes de otra manera perturbarían el proceso social5.

Precisamente, obsérvese que la casi totalidad de las personas que abarrotan nuestras cárceles ostentan –casi invariablemente— un por demás bajo nivel socio-económico-cultural y fueron condenadas o imputadas en orden a conductas ilícitas directa o indirectamente relacionadas con la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, tales como delitos contra la propiedad y el micro tráfico de estupefacientes, entre otros6.

Por el contrario, la selectividad del sistema penal argentino se refleja en el hecho que, a pesar que en nuestro país, por ejemplo, la evasión fiscal y la corrupción pública y privada resultan ser una especie de “deporte nacional”, resultan escasas las sentencias condenatorias que imponen penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo como consecuencia de la comisión de delitos económicos en la esfera pública o privadas, a pesar de la extrema dañosidad social que dicha clase de ilícitos genera7, en tanto contribuyen significativamente a desfinanciar los diversos sistemas de seguridad y asistencia social administrados por el Estado7.

Así las cosas, no puedo más que concordar con dicho notable jurista, en el sentido que corresponde tomar una posición moral que abogue por establecer restricciones severas al uso del dolor provocado por el hombre como un medio de control social8.

En tal contexto de profunda violencia, de palmaria inutilidad y de grosera selectividad, y hasta tanto el actual sistema penal sea modificado, en el sentido de su reducción a una mínima y excepcional expresión y/o de la abolición de las penas privativas de la libertad, cabe concluir que la educación, en todas sus formas y niveles, y el trabajo formativo, debidamente remunerado y prestado en condiciones dignas y seguras, resultan ser herramientas imprescindibles a los fines que aquellas personas que sean privadas de la libertad ambulatoria puedan atenuar los virtualmente irreversibles daños y el estigma –en muchos casos equiparable a una especie de muerte civil— que ciertamente les produce el hecho de tener que atravesar el sistema de prisionización.

1 CSJN, “Méndez, Daniel Roberto s/ recurso de casación”, sentencia del 01/11/2011; CSJN, «Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus», sentencia del 03/05/05, LL, 2005-C 276, entre otros.

2 Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala III, autos “Detenidos Unidad 15 Batán s/ recurso de queja interpuesto por Fiscal de Estado”, sentencia del 07/03/12; Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, autos “Luna Vila, Daiana s/ Hábeas corpus», sentencia del 14/11/13; Sala IX, Expte. N° 55.656/12, autos “Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros s/ Acción de Amparo”, sentencia interlocutoria N° 14.137 del 30/07/2013.

3 ETALA, Juan José (h.), Equiparar al preso con un trabajador, D.T., 2015-2, p. 294/8.

4

5 CHRISTIE, Nils, La industria del control del delito, ob. cit., p. 22.

6 De acuerdo al informe anual publicado por Dirección Nacional de Política Criminal – Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en 2013 aproximadamente el 64% de las personas privadas de la libertad ambulatoria en Argentina estaban imputadas o condenadas por delitos contra la propiedad o en orden al tráfico de estupefacientes. http://www1.infojus.gov.ar/sneep

7 De acuerdo al informe anual publicado por Dirección Nacional de Política Criminal – Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en 2013 sólo 8 personas en Argentina fueron encarceladas por infracciones a la Ley Penal Tributaria 24.769. http://www1.infojus.gov.ar/sneep

8 CHRISTIE, Nils, Los límites del dolor, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1984, p. 7.