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No supone ninguna novedad subrayar el deplorable estado del Poder Judicial en todo el país.

  Por Carlos Pablo Szternsztejn

La falta de independencia de un sector de los Jueces y Fiscales que hemos podido apreciar en los últimos años, la lentitud en las designaciones y en la tramitación de los pliegos de los futuros magistrados, la pobre actuación del Consejo de la Magistratura, la precariedad de los lugares de funcionamiento de los Juzgados y las carencias crónicas en los insumos, entre otras causas, integran un cocktail que impide el acceso a la Justicia.

El derecho de todo ciudadano es que los juicios se tramiten en un lapso razonable y con las garantías debidas, valores que son patrimonio de la conciencia social y jurídica de la humanidad.
En una palabra, que se haga Justicia.

Este estado de cosas impacta especialmente en la población de más bajos recursos (entre otros perjudicados están las personas privadas de su libertad por lapsos extensos, trabajadores y jubilados, ámbito este donde la situación está llevada al paroxismo).

La mayoría de los Fueros están afectados por los motivos expuestos y otros que no desarrollaremos por cuanto el tema no constituye el objeto de esta nota.
Sin embargo, es menester tenerlos en cuenta para el análisis del Decreto 83/15 dictado por el Ejecutivo por el que se designa como integrantes del Máximo Tribunal del país (quien debe pronunciarse en última instancia, entre otras cuestiones, sobre la constitucionalidad de las leyes), a Carlos Fernando Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosatti. Es necesario comprender en toda su magnitud la gravedad de la medida que se tomó aduciendo la urgencia derivada de las renuncias de los doctores Fayt y Zaffaroni que dejó reducida a la Corte Suprema a tres integrantes.

Se pretendió fundar la precipitada decisión, una más dentro de la andanada de medidas tomadas a través de la misma metodología, en lo dispuesto por el artículo 99 inciso 19 de la C.N. que asigna al Presidente la facultad de “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso,  por medio de nombramientos en comisión, que expirarán al fin de la próxima Legislatura”( la negrita me pertenece).

Vale señalar dos cuestiones relevantes: 1) la pretensión de dejar sujetas las designaciones en “comisión” hasta el 30 de noviembre ( fecha en que finalizan las Sesiones Ordinarias del Senado) , o antes , si al Ejecutivo se le ocurriera removerlos , lo cual implicaría la subordinación de un Poder del Estado a otro y 2) la mención de la atribución referida a “empleos” que jamás puede entenderse como alusiva a integrantes de la Corte Suprema y que resulta de una calidad jurídica tan precaria que el mismo Rosatti, uno de los propuestos, se opone al nombramiento de magistrados “en comisión” al advertir que genera problemas de “seguridad jurídica”, según lo consignara en su Tratado de Derecho Constitucional.

Sin hacer demasiadas consideraciones casuísticas, baste señalar que el arbitrio rebuscado por Macri, encuentra refutación en la propia Ley Fundamental según el artículo 99 respectivamente en sus incisos 3, 4 , 7 y 17 a cuya lectura remitimos.

La indignación que el procedimiento adoptado generó en los propios sectores políticos que apoyan al gobierno y en la mayoría de la comunidad jurídica, obligó al gobierno a convocar a Sesiones Extraordinarias de la Cámara Alta para desandar el camino prescripto por el decreto No.222/03 que autolimita las facultades del Ejecutivo en este tópico y establece un minucioso procedimiento a seguir para la aprobación de las candidaturas que a la fecha de redactarse esta nota se encuentra en trámite.

Conviene, en otro orden de ideas, detenerse en el texto del artículo 2º. de este último decreto que, en su momento, significó un extraordinario aporte a la transparencia y participación popular en este tipo de decisiones.
En relación a los” postulantes” (que eso son y no “designados”) también conviene hacer una “correcta valoración de sus aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos que los hagan merecedores de tan importante función”.
Pues bien, los antecedentes de ambos candidatos no responden a esos criterios.

Como se señala en muchas de las más de mil impugnaciones que cada uno de ellos han recibido, Rosenkranz, rector de la Universidad de San Andrés, escribió sobre dos fallos fundantes en la reapertura de los juicios de lesa humanidad “Simón” y “Mazzeo”, lo que incluye la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y criticó la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos que, alega, carecería del mismo “estatus” que el derecho local. En cuanto a los derechos económicos sociales (acceso a la salud, vivienda, educación), su planteo es que no son reclamables ante los tribunales, que no estarían preparados para eso. También se pronunció respecto del derecho a la protesta indicando que el derecho a esta es limitado: “piquetear una ruta es delito” y es una modalidad no protegida por la libertad de expresión.

Por su parte Rosatti entiende que la titularidad del derecho de huelga es un atribución exclusiva de los sindicatos que tienen personería gremial, lo que de hecho anatemiza el ejercicio del mismo por parte de los más de mil quinientos gremios que poseen lo que se denomina la “simple inscripción” y de cualquier colectivo de trabajadores que la declare en defensa de su salario, condiciones de trabajo o de vida.
Asimismo, confrontó con el fallo “F.A.L.” de la Corte que reconoce como no punible la interrupción del embarazo en caso de violación.

Sin entrar en otros ítems de meritación, nos interesa enfatizar que magistrados de la Corte que aceptan asumir sus cargos sólo mediante decreto presidencial dependiente de una eventual confirmación posterior por el Senado, ejercerían su función judicial sujetos a la voluntad unilateral de quien los designó por decreto y que con el mismo procedimiento irregular puede revocarse antes de su confirmación ulterior y, al mismo tiempo, del Senado de cuyo acuerdo dependen para continuar.

Esta situación –que se pretende cohonestar con el rodaje del procedimiento previsto por el decreto 222/03 no invalida el juicio que merece la aceptación de la irregularidad lo que se presume, en la medida en que ninguno de los propuestos hizo comentario alguno al respecto.
Quienes así han actuado, aun por omisión o aceptación tácita, no tienen la estatura necesaria y se encuentran inhabilitados éticamente y tampoco cumplen con el recaudo de idoneidad específica que requiere la normativa vigente.

Es necesario que el conjunto de la sociedad tome conciencia acabada de la trascendencia del valor de una institucionalidad democrática transparente y participativa en la medida en que estos baremos no son meros requisitos formales, sino que aquélla entraña un valladar contra el autoritarismo, del que en tan poco tiempo ha hecho gala este staff de representantes directos del capital concentrado imbuidos de una ideología regresiva que conlleva cumplir un plan que arrase con derechos obtenidos por la lucha popular y que puede desbaratar todos los esfuerzos realizados para la concreción y desarrollo de los mismos.

Como colofón se hace imprescindible aludir a lo actuado por el Presidente del Máximo Tribunal, Dr. Lorenzetti, quien con una rapidez digna de mejores causas, se apresuró a dar la bienvenida a la Corte a quienes hasta ese momento no eran más que “postulantes ”en los términos del decreto 222/03 y del sistema establecido en la Constitución Nacional.
Así estamos.