En este primer artículo para la Revista Desde el Pie voy a sintetizar algunas de las preocupaciones referidas a los Derechos de niños, niñas y adolescentes y a los obstáculos que detectamos en el Sistema de Protección integral de derechos existente en nuestra Ciudad.

Autor María Elena Naddeo

En el pasado mes de marzo asumí como Directora General de Niñez Adolescencia, Género y Diversidad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La nueva gestión a cargo del Defensor Alejandro Amor me convocó para organizar una nueva área institucional en Defensoría con estos temas, tan importantes y trabajados durante años.

Un poco de historia. La lucha contra el viejo Patronato

Desde la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989 luchamos junto a las organizaciones sociales y políticas para la derogación del viejo sistema tutelar regido por la Ley Agote (10.903)

La Convención aportó solidez y juridicidad a la nueva conceptualización de la infancia, erradicando la figura del “menor” típica de la vieja jerga judicial, y reconociendo a los chicos “autonomía progresiva”, es decir reconociéndolos con capacidades de acuerdo a su evolución etaria y a su grado de discernimiento.

Luchamos en esos años para evitar la criminalización y la judicialización de la pobreza, con estas ideas sancionamos en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 114 de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, en diciembre de 1998. Esta ley pionera junto a las legislaciones de Mendoza y de Chubut, fue revalidada y respaldada a nivel nacional recién en el año 2005 cuando se sanciona la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de niños niñas y adolescentes Nº 26.061.

En ese interregno confrontamos con las instituciones tutelares y asilares, respaldadas en el viejo Patronato de menores. Con compromiso militante los equipos de infancia peleaban en las comisarías para evitar las detenciones policiales arbitrarias y el encierro de los chicos en los institutos de menores.

La creación del Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes

En el gobierno de Aníbal Ibarra, pusimos en marcha el Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes previsto en la Ley 114, el cual tuve el honor de presidir desde su creación en octubre del 2000 hasta la asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2007.

En ese periodo desarrollamos la Red de Defensorías zonales (barriales) con equipos interdisciplinarios en cada comuna, la línea telefónica 102 de ayuda a los niños, el Centro de Atención Transitoria, como refugio para todos los chicos con derechos
vulnerados. Fueron los años duros de la crisis, donde organizamos los primeros programas contra todas las formas de explotación, particularmente la del trabajo infantil de los chicos en situación de calle y en el cartoneo. Junto con la Dirección General de niñez de Desarrollo Social, organizamos los Centros de desarrollo infantil nocturnos en
Parque Chacabuco y el Don Pepe en Constitución para albergar a los chicos de recuperadores urbanos en situación de cartoneo. Lanzamos la Primera Campaña contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los medios gráficos y audiovisuales. Creamos el Registro de chicos perdidos, el Registro único de postulantes para guardas con fines de adopción (RUAGA) y el Registro de organizaciones no gubernamentales. Realizamos el programa Nuestros derechos, nuestras vidas por convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad y llegamos con talleres de sexualidad, género y derechos a más de la mitad del conjunto de escuelas secundarias del distrito. El consultorio móvil para chicos en situación de calle, los dispositivos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, los encuentros de redes por los derechos de los niños y muchas iniciativas más.

Un balance necesario. Crisis y precarización laboral

Describir todas las tareas en aquel período fecundo de las políticas públicas de infancia y adolescencia podría llevar un largo tiempo. El balance es importante. Debemos incorporar en el débito de nuestra propia gestión haber llegado tarde con el financiamiento de la carrera y la estructura del personal de todos estos servicios y programas. La crisis sin duda hizo que la previsión fuera tardía. También los condicionamientos de los organismos financieros internacionales, que tensionaban los presupuestos reduciendo las plantas permanentes y los índices salariales.

La estructura organizacional fue aprobada en el Consejo en el año 2005, pero no logramos la aprobación presupuestaria para los periodos siguientes. Posteriormente el macrismo derogó las resoluciones respectivas sin abrir la discusión sobre una carrera específica para los trabajadores de la infancia.

Podemos decir que la Ley 114 desarrolló los circuitos apropiados para la atención de los niños con derechos vulnerados, en articulación con las redes barriales y con los Ministerios de Educación y de Salud de manera permanente, consolidándose como organismo administrativo de protección de derechos de la infancia. Sin embargo el personal especializado que empujó, sostuvo y sostiene las medidas de protección de derechos ha vivido el permanente deterioro de su salario y de sus condiciones de trabajo. Superadas las duras condiciones de emergencia económica y social de los primeros años del gobierno de Aníbal Ibarra, las gestiones posteriores no dotaron de jerarquía ni de escalas salariales suficientes a estos dispositivos. La carrera administrativa y técnica profesional del escalafón general de aquellos años, y en la actualidad la nueva carrera ahora aprobada por Modernización del Estado en el gobierno de Mauricio Macri cristaliza salarios deprimidos sin incentivos ni previsiones de jerarquización en lo inmediato.

Por la pronta jerarquización de l@s trabajador@s de la infancia.

La fuga de personal es impresionante. Cientos, posiblemente miles, de abogad@s, psicólog@s, trabajador@ss sociales operadores y auxiliares capacitados profundamente
y comprometidos con el ideario de la Convención y de la Ley 114 abandonan sus cargos después de tener que asumir dos o tres trabajos adicionales porque los valores de salario continúan en cifras irrisorias. La rotación del personal de planta permanente hace que la contratación precaria aumente y siga siendo mayoritaria en numerosos servicios del Ministerio de Desarrollo Social y del propio Consejo.

En otros artículos analizaremos las políticas públicas y el resultado del impacto de los dispositivos de atención en las actuales gestiones del PRO en materia de infancia. El impulso pionero y renovador de los primeros años se ha perdido en una maraña de
circuitos burocráticos donde cada dispositivo parece decir “esto a mi no me concierne”. Con personal deteriorado salarial y profesionalmente, con una política poco clara hacia la comunidad, la resultante es una escasa llegada a los barrios, a las villas, el colapso de las defensorías zonales y de los circuitos de protección.

Desde la sanción de la ley nacional el sistema de protección integral de derechos de la infancia se fue desarrollando muy gradualmente en todo el país. Desde la Defensoría del Pueblo estamos monitoreando y supervisando el funcionamiento del sistema de protección integral de la Ciudad de Buenos Aires y viendo también la articulación con los municipios cercanos de algunas provincias a donde se trasladan o desde provienen las familias de los niños.

Desde nuestra nueva trinchera de trabajo vamos a generar las acciones y propuestas administrativas e incluso legislativas necesarias para colaborar en la superación de los obstáculos señalados. En esta breve síntesis dimos cuenta de la problemática que sufre el personal técnico y profesional actualmente. Es un eje importantísimo de análisis. Muchos otros serán analizados en los próximos números en esta nueva y apasionante Revista desde el pie.