El pasado 22/07/2016 se sancionó  la ley 27.260 (1) denominada de “Reparación Histórica para jubilados y pensionados”.big_ca401a500ed7cf554da84fd9868a0558

Por Dra. Silvana Capece – Previsionalista

Esa ley contiene un paquete de medidas que brevemente indicamos a continuación:

1) Declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional. Ofrece una mejora del haber previsional a un grupo de jubilados y pensionados. Crea la Pensión universal para el adulto mayor. Limita el alcance de moratoria previsional vigente (ley 24.476).

2) Ratifica los acuerdos suscriptos con las provincias y la CABA respecto a la coparticipación federal de impuestos.

3) Afecta los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

4) Blanqueo de capitales. Modifica el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales y deroga el impuesto a la ganancia mínima presunta.

En el presente artículo sólo nos referiremos a la afectación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Para poder evaluar el alcance de las medidas tomadas en torno a este fondo, resulta pertinente analizar brevemente los recursos de la seguridad y la razón de ser de ese fondo.

La seguridad social, desde una perspectiva política, es una de las misiones del Estado, consistente en satisfacer las necesidades sociales brindando a la población los suficientes bienes requeridos para el logro del bien común y el mantenimiento de la paz social.

Los recursos de la seguridad, se pueden dividir en recursos tributarios, no tributarios y aportes del Estado.

Los recursos tributarios están formados por Cotizaciones (aportes y contribuciones) y por Impuestos (de afectación parcial o total).
Es por ello que cualquier modificación, ya sea de los impuestos afectados total o parcialmente a los recursos de la seguridad o de las cotizaciones, debe analizarse con especial cuidado para no impactar de forma negativa en esos recursos.

A fin de paliar los efectos que produce la economía en momentos de fase desfavorable respecto a los beneficiarios del sistema previsional, se creó en el año 2007 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (2) (decreto 897/07 -12/07/2007).
En otras palabras, se buscó crear un fondo que garantice a los beneficiarios del régimen previsional público el eventual pago de sus prestaciones previsionales y evitar constituirse en la variable de ajuste de la economía.

También se buscó:

* crear un fondo de reserva para instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público,
* contribuir a la preservación del valor y rentabilidad de los recursos,
* procurar contribuir a través de la aplicación de sus recursos al desarrollo sustentable de la economía nacional y de ese modo garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sustentable, el incremento de los recursos destinados al SIPA y la preservación de los activos del fondo.

Expresamente se dispuso que los recursos deben ser invertidos en activos financieros nacionales lo cual retroalimenta la generación de recursos aplicados a la seguridad social.
En este punto, resulta pertinente destacar que, al momento de su creación el FGS contaba con $17.873 millones de pesos. Al 31/03/2016 (última publicación) el valor del FGS ascendía a $719.708 millones de pesos (3). Existe una pauta objetiva que permite inferir que su manejo ha sido conforme a sus fines.
No obstante ello, la ley 27.260 introduce cambios respecto a la afectación de los recursos del FGS y el destino de sus inversiones.

Por un lado se dispone que, en el marco de la ley en análisis, el pago de los acuerdos que se suscriban entre el Estado Nacional y un número indeterminado de beneficiarios, podrá ser atendido con lo producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino y, en caso que este producido no resulte suficiente, se podrá disponer la realización de activos del fondo (art. 28).
Es decir, a través del uso discrecional del fondo, para cancelar acuerdos que incluyen a un grupo de beneficiarios, se compromete el resguardo adecuado del sistema previsional en su conjunto.
Asimismo se autoriza la inversión en distintos tipos de instrumentos financieros, ya no exclusivamente nacionales, sino que extiende la autorización a sociedades extranjeras (art. 30).

A esta posibilidad de afectación de los recursos del fondo y destino de las inversiones, se le agregan otras variables a considerar y que tienen incidencia en los recursos de la seguridad social: coparticipación federal de impuestos e impuesto a las ganancias y blanqueo de capitales.
También resulta pertinente ponderar el aumento de la tasa de desempleo que se ubica en el 9,3% para el segundo trimestre del año 2016 (4) que, comparando con igual trimestre del año anterior ascendía a 6,6% (5).
Esta circunstancia se traduce en una disminución de recursos de la seguridad social en concepto de aportes y contribuciones, y resulta presumible considerar que se traducirá en disminución de recursos en concepto de IVA e impuesto a las ganancias, como consecuencia de la inexistencia del salario.

Estas variables analizadas y su relación con la posibilidad de afectación de los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad nos permiten inferir cuanto menos un riesgo a la preservación adecuada del sistema previsional en su conjunto.

Si aspiramos a fortalecer el sistema previsional argentino, público y solidario, y a evitar que las prestaciones previsionales sean la variable de ajuste como consecuencia del ciclo desfavorable de la economía, la revisión de la ley 27.260 en el punto cuestionado resulta inexorable.

(1) http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleginternet/verNorma.do?id=263691

(2)http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/130000-134999/130056/norma.htm

(3)http://fgs.anses.gob.ar/archivos/secciones/FGS%20-%20IQ%202016.pdf

(4)http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_2trim16.pdf

(5)http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_2trim15.pdf