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Generalmente un aniversario es una buena ocasión para la reflexión y el balance.

por Luis Enrique Ramírez (*)

En este caso se trata de un siglo de vida, del ordenamiento jurídico que regula en nuestro país los siniestros laborales. En efecto, en 1915 se sancionó la Ley 9688, cuya primera virtud ha sido sobrevivir 76 años, claro que con numerosas reformas. Fue derogada y reemplazada por la Ley 24.028, que funcionara como “puente” entre ella y la LRT (1991-1996).

La Ley 9688 estableció un sistema que revolucionó el criterio vigente de atribución de responsabilidad, apartándose del Código Civil y generando un marco legal de regulación de una responsabilidad de tipo objetivo para los accidentes laborales. Inicialmente sólo alcanzaba a los trabajadores industriales, pero con el tiempo se extendió a todas las actividades. Se la calificó como una ley “transaccional”, ya que si bien limitaba al extremo los presupuestos de la responsabilidad patronal, por otro lado tarifaba la reparación del daño y la sometía a un tope. Es evidente que la idea era muy buena, aunque la experiencia nos indica que el sistema puede resultar muy perjudicial para los trabajadores, cuando no son ellos los que están sentados en la mesa donde se negocia la “transacción”, como ha ocurrido en muchísimos períodos de nuestra historia. Esto también explica el permanente intento de fuga de las víctimas, buscando una reparación más justa en otros sistemas de responsabilidad.

La Ley 9688 establecía un régimen de responsabilidad individual del empleador, con seguro voluntario, el que se mantuvo hasta la sanción de la LRT (la Ley 24.028 no innovó en este punto).

En 1995 el Poder Ejecutivo toma una importantísima decisión política: coloca los riesgos del trabajo en la Seguridad Social, en línea con el criterio de la OIT y con el reclamo de gran parte de la doctrina. Así lo dice expresamente en el capítulo IX del Mensaje de elevación del proyecto de ley. Claro que, a tono con la ideología imperante en la década del ´90, se comete la imperdonable torpeza de poner como agente gestor del sistema a sociedades con fin de lucro.

Hace 20 años que venimos denunciando que las ART tienen intereses contradictorios con los de las víctimas.

No obstante, la LRT tiene el gran mérito de incorporar, como cuestión primordial, el tema de la prevención de los riesgos laborales. A punto tal que su art. 4º demanda al empleador y a la aseguradora, una prevención “eficaz”, es decir un resultado de no-daño. Claro que el negocio de las ART conspira contra este vital objetivo.

Pero en este nuevo aniversario de la aparición de un marco normativo propio para los accidentes del trabajo, sería bueno hacer ese balance que mencioné al inicio de este artículo. A principio del siglo XX la evolución de la conciencia social de la humanidad demandaba que la sociedad se haga cargo del flagelo de los siniestros laborales. Cien años después el panorama es desolador.

Según un informe de la OIT, que ya tiene algunos años, en el mundo cada 15 segundos un trabajador muere como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral. Son dos millones los seres humanos que pierden la vida cada año, por el hecho o en ocasión del trabajo dependiente. Y los datos corresponden al sector formal de la economía, lo que nos permite suponer que el número real duplica esa cantidad. La propia OIT reconoce que el trabajo asalariado mata, superando las muertes producidas por guerras, accidentes de tránsito, delitos o por el SIDA. Si trasladamos estos números a todo el período de vida del sistema capitalista, podemos decir, sin exageración, que la clase trabajadora ha sufrido y sufre un auténtico genocidio.

Pero lo más grave es que en ese informe de la OIT se acepta que el 80% de los siniestros laborales son evitables. Si son evitables, significa que alguien ha omitido tomar los recaudos necesarios para que no ocurran. Y en cualquier ordenamiento jurídico, el que por su culpa o negligencia, por acción u omisión, causa un daño, debe responder civil y penalmente. Nuestro Código Penal, como todos, establece las figuras de las lesiones y los homicidios culposos, que alcanzan perfectamente a los siniestros laborales. Aceptada esta premisa, que me parece indiscutible, le pregunto al lector ¿cuántas condenas penales a empleadores negligentes y responsables de un accidente conoce? Seguramente ninguna.

¿Cómo se explica este fenómeno? En nuestro país se producen miles de accidentes laborales por año, la mayoría evitables ¿y no hay condenas penales a los responsables? La sociedad, impulsada por los medios de comunicación, se desgarra las vestiduras con los accidentes de tránsito provocados por conductores irresponsables, y reclama un endurecimiento de las penas, pero permanece impasible ante el genocidio que sufren los trabajadores.

Es evidente que se trata de una cuestión cultural, muy conveniente para el adecuado funcionamiento del sistema capitalista. El mensaje internalizado por casi toda la sociedad, es que es el precio que hay que pagar para alcanzar el desarrollo social y económico que se pretende. Lo más grave es que parecería que los propios trabajadores, las víctimas, aceptan resignados esta situación.

En España existe el delito de “riesgo”, es decir que no hace falta que ocurra un accidente para que se pueda perseguir penalmente al responsable. Y las organizaciones sindicales tienen abogados penalistas para impulsar los procesos. En Argentina me conformaría con que los jueces penales apliquen las normas vigentes. Sin embargo, puede ser conveniente pensar en una reforma legislativa, que ayude a romper con esa pauta cultural a la que me referí anteriormente.

Quizás este nuevo aniversario de la sanción de a Ley 9688 nos permita reflexionar sobre esta dura realidad, y nos movilice para transformarla. Es mi esperanza.

(*) Luis Enrique Ramírez, actual Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.