Mision internacional DDHH en Ecuador – presentacion ante la CIDH 28 de octubre (2)(1)

REPORTE DE LA MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR

VISITA REALIZADA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2019

Misión conformada por: Asamblea Permanente por los derechos humanos de Argentina, la Mesa Nacional Unitaria de Sobrevivientes de Prisión Política de Chile, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social de México con el acompañamiento de cobertura de Barricada TV, medio social de Argentina.

 

 

Presentación

El Ecuador se convirtió en días pasados en el foco de atención mundial por las jornadas de protestas, movilizaciones, reivindicaciones públicas, exigencias sociales así como por las resoluciones anunciadas por el gobierno de la República en relación a un paquete de medidas económicas[1], que los medios de comunicación denominaron públicamente como “el paquetazo”[2] haciendo referencia a que con dichas medidas se daba cumplimiento a una serie de condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional en el marco de un acuerdo previo de préstamo celebrado con el Gobierno Ecuatoriano en el mes de marzo de 2019.[3]

La atención internacional se ubicaba analizando las dos posiciones públicas que generaron la ola de movilizaciones, por un lado, la ofrecida por el Gobierno central mediante la cual justificaba la adopción de una serie de medidas económicas que los medios de comunicación denominaron como “paquetazo” y por el otro, analizando la reacción de diversos sectores de población frente a dichas medidas.

En ese contexto complejo, se desarrollaron diversas convocatorias para las manifestaciones públicas de protesta, iniciando con el sector de transportistas organizados a nivel nacional[4], al que se sumaron el movimiento indígena y campesino[5], el sector estudiantil, el sector de trabajadores y trabajadoras del estado, partidos políticos de oposición, organizaciones civiles y sociales, así como por cientos de personas en lo individual a través de las redes sociales en distintas provincias del país.

Es importante destacar para los fines de este reporte, la declaratoria del “estado de excepción” decretada por el presidente Lenin Moreno el pasado 3 de octubre con una vigencia de 30 días[6], decreto que fue ratificado por la Corte Constitucional el día 7 de octubre[7], ya que las jornadas de movilización sobre las cuáles realizamos este proceso de documentación (incluyendo la visita misma de esta Misión) se desarrollaron en el periodo comprendido temporalmente en dicho Estado de Excepción.

No es el objetivo del presente reporte, el realizar una narración detallada ni cronológica de los hechos que se sucedieron entre el día 1 y el día 12 de octubre, cuando se dieron por concluidas las movilizaciones sociales y se levantaron los “paros” que se mantenían en varias ciudades y varias provincias del país, ya que dicho recuento ha quedado muy bien resumido por organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la Defensoría de los Derechos Humanos así como por los propios medios de comunicación.[8]

Sin embargo, si es nuestro objetivo el analizar, compartir y evaluar desde la experiencia internacional en materia de derechos humanos, la forma en que el Gobierno de la República de Ecuador respondió ante las protestas sociales, paros, movilizaciones, bloqueos carreteros, actos de violencia y ante las muchas otras formas de expresión de inconformidad y descontento social que se registraron en los días pasados en varias provincias del país.

  1. Objetivos de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos

La Misión internacional de observación de los derechos humanos en Ecuador se conformó con representantes de Argentina, México y Chile, sus integrantes son:

  • María Elena Naddeo presidenta de la Asamblea Permanente por los derechos humanos de Argentina e integrante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
  • Haydee Oberreuter, Directora Encargada de Investigación y Memoria de los Familiares de exprisioneros Políticos Fallecidos de Chile y Coordinadora de la Mesa Nacional Unitaria de Sobrevivientes de Prisión Política y Tortura.
  • David Peña Rodríguez, litigante internacional en casos de derechos humanos de México e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y;
  • Lucia Maccagno, periodista argentina independiente.

Entre los días 17-21 de octubre, esta Misión tuvo la oportunidad de reunirse con varios grupos de la sociedad civil, del movimiento indígena, de medios de comunicación alternativos, con familiares de personas detenidas, con familiares de víctimas mortales e incluso con personas que se encuentran privadas de su libertad con motivo de los hechos que aquí se registran.

En el orden en que se fueron sosteniendo dichas reuniones se comparte en este reporte los principales hallazgos y contenidos de cada una de ellas, arribando en la parte final de este documento a una serie de preocupaciones comunes y sugerencias que desde nuestro punto de vista deberían ser tomadas en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la próxima visita que tienen programada para verificar la condiciones de los derechos humanos en el Ecuador a invitación del propio Gobierno de la República.

  1. Organismos y personas entrevistadas

Contando con el apoyo del Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CDES), se preparó para nuestra visita una importante agenda de reuniones de las cuales podemos resumir los siguientes aspectos relevantes:

  1. Organismos defensores de derechos humanos

La Alianza de organizaciones de derechos humanos conformada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos humanos (INREDH) Amazon Frontlines, el Comité permanente por la defensa de los derechos humanos (CDH) e Idea Dignidad nos recibió en una reunión en las oficinas de la CEDHU para exponernos su trabajo, su experiencia y los procesos de documentación de las violaciones a los derechos humanos que realizaron desde el anunció del paquete económico por parte del gobierno del presidente Lenin Moreno.

En dicha reunión nos expusieron tanto el contexto como los antecedentes de las jornadas nacionales de protesta y movilización social, refirieron que el gobierno de la Republica había iniciado procesos de acusación y persecución penal en contra de activistas, líderes indígenas y líderes políticos.

El conglomerado de organizaciones civiles, decidió de forma colectiva conformar desde el día 3 de octubre un “grupo de reacción inmediata” compuesto principalmente por abogados y abogadas con la finalidad de dar asesoría jurídica y acompañamiento legal a las personas que estaban siendo detenidas en el marco de las protestas, así como para documentar la actuación de las fuerzas policiales y militares.

El día 7 de octubre, presentaron públicamente un Primer Informe Preliminar con el balance general de las violaciones a los derechos humanos documentadas y ese mismo día presentaron ante la Corte Constitucional un escrito de Amicus Curiae en el proceso de revisión y validación que realizaba dicha instancia judicial sobre el Decreto 884[9], mediante el cual se había declarado el “estado de excepción a nivel nacional”.

Los representantes civiles señalaron varios aspectos de preocupación en el marco de las jornadas de protestas, como el uso de un discurso oficial “xenófobo”, “criminalizante”, y dirigido a los opositores y detractores del gobierno como un grupo que quiere “desestabilizar al gobierno”, en el mismo sentido, mostraron preocupación porque había cuando menos 20 personas de nacionalidad Venezolana y Cubana que habían sido detenidos de manera arbitraria como respuesta al discurso “xenófobo” promovido por el gobierno de la República.

Las organizaciones también expresaron su preocupación por el contenido del Decreto 888 mediante el cual se decretaban los horarios de los toques de queda en varias provincias del país y en el cual también se ordenaba trasladar la sede de los poderes de la ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil, pues con este nuevo decreto presidencial se restringía aún más los derechos a la libre manifestación, la libre expresión, la libertad de reunión, la libertad de tránsito y el derecho a la resistencia[10].

Se destacaron en periodo de las manifestaciones las constantes violaciones al debido proceso legal, a la integridad personal y las garantías judiciales, la ausencia de mecanismos institucionales en el poder judicial para responder ante la tramitación de audiencias de flagrancia e incluso para la tramitación de recursos de habeas corpus.

Durante el periodo analizado se logró documentar que se presentaron también detenciones masivas acompañadas de informes policiales falsos, uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales y militares, llegando incluso al extremo de utilizar sus propios vehículos oficiales como medios para agredir a las personas manifestantes. Llamaron la atención sobre los procesos de detenciones masivas generados en la provincia de Sucumbíos en donde se detuvieron a 130 personas de las cuales sólo 9 fueron presentadas ante las autoridades judiciales imputándoles cargos penales, así como la detención de 83 personas detenidas en la Asamblea Nacional, muchas de ellas trasladadas a centros de detención no regulares, evitando con ello presentarlas ante las autoridades judiciales quienes son las encargadas de calificar las detenciones mediante las audiencias de flagrancia.

Destacan en señalar que no se les garantizó a las personas detenidas el derecho a contar y elegir a un abogado que las defendiera, así como la presencia constante de lesiones y uso excesivo de la fuerza al momento de las detenciones presentando prácticamente en todos los casos, signos de violencia física y en algunos casos que están aún pendientes por documentar en donde se involucró a mujeres se registraron también indicios de abusos sexuales por parte de los agentes del orden.

Hay coincidencia en señalar de manera clara, que los abusos y excesos cometidos en las jornadas de protesta, por parte de los agentes del estado, no tiene ningún precedente ni referente en la historia reciente de Ecuador.

Finalmente las personas representantes de las organizaciones civiles, nos externaron su preocupación sobre un esquema más refinado de persecución criminal y policial al término de las jornadas de protestas, es decir, que ellas y ellos han observado que una vez concluidas las movilizaciones ahora la actuación del gobierno para detener y procesar a las personas opositoras será mucho más selectiva e individualizada, colocando en riesgo a muchos de los actores políticos que públicamente adquirieron relevancia los días pasados.

Hay un ambiente de tensa calma y de miedo generalizado entre los colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

  1. Defensoría del Pueblo

Según la información recopilada por esta Misión Internacional de Observación de los Derechos Humanos a través de una reunión de trabajo sostenida con el personal de la Defensoría, se nos puso de conocimiento que la Defensoría del Pueblo de Ecuador cuyo titular es Freddy Carrión, tuvo una destacada participación en las jornadas de movilización monitoreando en cada una de las ciudades del territorio los incidentes y las detenciones producidas.

Los equipos técnicos de la Defensoría brindaron amplia información sobre las consecuencias de la represión. Es preciso destacar que dicha información fue recogida con mucho esfuerzo a lo largo de los días de conflicto dado que los organismos públicos se negaron a entregar los datos oficiales solicitados formalmente.

La oficina de la Defensoría destacó la presentación de una comunicación formal ante la Corte Constitucional en referencia al Decreto mediante el cual el presidente de la República había decretado el Estado de Excepción el día 3 de octubre, con la finalidad de que ese “órgano de máxima interpretación de la Constitución [a que], de manera urgente, emita su pronunciamiento en relación a este decreto para lograr la plena vigencia y ejercicio de los derechos de todos y todas en el país.”[11]

La estadística elaborada por este organismo arroja un saldo de 1,192 detenidos (al momento de la realización de esta reunión) y de 1,340 personas atendidas en el sistema de salud en calidad de heridos, faltando contabilizar los registros que  equipos de paramédicos voluntarios atendieron durante las jornadas de protestas en el centro de Quito.

De los heridos se nos informó la existencia de por lo menos 15 personas que presentaban lesiones consistentes en “pérdidas de ojos” a causa de perdigones o de objetos contundentes y varias fracturas de cráneo con pérdida de masa encefálica, así como 8 muertes confirmadas, de las cuales el gobierno todavía no reconoce a 2 de ellas. Por lo que la cifra final de personas que perdieron la vida durante las jornadas de movilización no se ha podido consolidar aún.

Se expreso preocupación por las detenciones masivas, en grupos de hasta 80 personas, con audiencias que no pudieron ser personalizadas, y en donde las imputaciones eran genéricas e imprecisas por parte de los cuerpos policiales aprehensores.  De las audiencias de flagrancia[12] se destaca la liberación casi inmediata de más del 80% de las personas detenidas, presumiendo con ello en un alto grado, que la mayoría de las detenciones fueron realizadas sin justificación ni causa legal aparente.

Desde el día 1 de octubre y hasta el día 14 del mismo mes, la oficina de la Defensoría del Pueblo mantuvo un importantes despliegue territorial tanto en la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha, como en algunas otras provincias, en las que se desarrollaron protestas multitudinarias, destacando su presencia en la provincia de Sucumbíos, donde el día 7 de octubre fueran detenidas más de 130 personas, entre ellas el prefecto Amado Chávez y el Asambleísta Yofre Poma, mientras ambos participaban en las jornadas pacíficas de protesta.

Los funcionarios de la Defensoría manifestaron que los medios de comunicación tanto públicos como privados se encontraban silenciados, solamente a través de las redes sociales se podía conocer el estado de la situación, señalando su especial preocupación con el uso de las “cadenas nacionales” del Presidente de la República, pues advertían que el mandatario utilizaba un discurso político que alentaba un contenido xenófobo y racista al señalar como responsables de los sucesos a personas migrantes venezolanos y cubanos, así como a los seguidores del expresidente Rafael Correa conocidos popularmente como “correístas” a quienes de forma reiterada se les responsabilizaba de los actos de violencia así como de las protestas pacíficas en contra de las acciones económicas adoptadas.

A la Defensoría de llamó sobre manera la atención el tono de acusación del presidente Lenin Moreno en contra de los “correistas” ya que dichas aseveraciones se extendían en contra de un grupo numeroso de personas con una filiación política determinada, generando incluso una clara animadversión del propio gobierno hacia dicho grupo político.

Finalmente la Defensoría del Pueblo nos compartió que estaba preparando la creación de una Comisión Especial Investigadora para analizar las graves violaciones a los derechos humanos que se han venido desarrollando en distintas regiones del Ecuador a lo largo del mes de octubre.

En la reunión con esta Misión Internacional participaron, entre otros funcionarios, los directores y directoras Tatiana Ordeñana, Alejandra Almeida, Christian Belmonde e Isabel Espinoza.

  1. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Como se desprende la cronología que se ha recapitulado sobre las jornadas de movilización en los primeros días del mes de Octubre, la participación activa de las y los integrantes de pueblos y comunidades indígenas de distintas zonas del país resulto determinante para el curso de las decisiones y acuerdos que tuvo que adoptar el gobierno del presidente Lenin Moreno para hacer frente a los reclamos y las protestas de inconformidad.

En este sentido resultaba indispensable el conocer de primera mano, el testimonio de algunas y algunos de los líderes indígenas que durante las jornadas de protesta habían tenido un papel protagónico, por lo que esta Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos estimó muy valiosa la oportunidad de entrevistarnos con Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza, líder del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Naira Chalá, Vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa, Andrés Tapia, Dirigente de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, entre otros líderes indígenas.

En la reunión sostenida con las autoridades indígenas se nos explicó la importancia de la reivindicación pública de “Los 21 Puntos de Ambato”[13]y de la vigencia de sus demandas sociales y económicas que datan de casi una década, mismas que los habían llevado a acordar el pasado 23 de agosto la realización de un “paro nacional” el día 14 de octubre, como forma para ejercer presión al actual gobierno de la República para que atendiera y diera curso esas demandas históricas.

La dirección indígena nos compartió que uno de los problemas que sigue enfrentando se relaciona con el transporte comunitario que es sometido a multas y a normas que no se ajustan a las características locales de los pueblos indígenas, en el mismo sentido reclaman normas de trazabilidad para la venta de animales que impidan la intermediación directa, que es perjudicial para miles de indígenas que viven de la compra y venta de ganado. Demandas históricas que los llevaron a movilizarse en varias ocasiones durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa, convocando a la realización simultánea de varios paros carreteros en aquel momento.

Bajo esa tesitura, cuando conocieron el contenido de las reformas económicas denominadas “paquetazo” decidieron adelantar el paro programado para el día 14 y comenzar las movilizaciones el día 3 de octubre convocando a movilizarse tanto a nivel provincial como en la capital del país, particularmente en contra del Decreto 883[14] con el que se reducían los subsidios a los combustibles.

En el marco de las movilizaciones convocadas por las organizaciones indígenas, según nos refirieron en la entrevista, se organizaron incontables actos de resistencia civil pacífica, sin embargo, reconocen que en algunos de ellos hubo personas ajenas a las propias comunidades indígenas que realizaron actos violentos como agresiones a policías, saqueos de comercios e incendios provocados.

Destacan que una vez que concluían las jornadas diurnas de protestas y una vez que la mayoría de las personas se replegaba hacia el ágora de la Casa de Cultura y hacia el Parque “El Arbolito” sufrieron constantes agresiones, actos de intimidación y hostigamiento por parte de fuerzas policiales y militares, refiriendo incluso que el día 7 de octubre una “tanqueta” militar irrumpió si justificación alguna en medio de una marcha pacífica que se realizaba por el centro de la ciudad de Quito, acción que fue considerada como una “provocación” pues a raíz de esa acción se comenzaron a generar actos vandálicos.

Narran con detalle una de las agresiones más fuertes que sufrieron por parte de las fuerzas del orden, en donde un compañero indígena perdió la vida: “Llegaron con caballos, con motos, con perros. Una granada lacrimógena voltea a Inocencio Tucumbe miembro de la comunidad, le destroza la cabeza”.  En palabras de Leónidas Iza una persona al parecer “infiltrada” lanza una piedra contra los militares en esa misma ocasión y ello provoca la represión generalizada en contra de la marcha indígena que se realizaba de forma pacífica.

Los referentes indígenas insisten en que las agresiones fuera de contexto provinieron de infiltrados o de personas no identificadas, resaltando de manera insistente en que en la mayoría de las ocasiones las agresiones eran iniciadas por integrantes de la propia Policía Nacional.

Rechazaron también en la entrevista sostenida, las aseveraciones del Gobierno que insiste en definir a este movimiento y a las jornadas de protesta como una maniobra del “correísmo” para destituir al gobierno o desestabilizarlo, pues recuerda que ellas y ellos como movimiento indígena también tuvieron que movilizarse y hacer paros mientras el ex presidente gobernó Ecuador.

Una de las referentes indígenas nos refirió, hacer una solicitud de información expresa sobre Denuncia maniobras persecutorias, mensajes de amenazas. Pide que se chequee si en la maternidad frente a la plaza principal los gases lacrimógenos produjeron asfixia en los bebes internados. Pide también que se investiguen las agresiones sexuales de policías contra manifestantes.

Referentes de la Zona Amazónica relatan que la huelga fue muy fuerte en todo Ecuador, que no solamente Quito fue escenario de las protestas. En varias provincias fueron tomadas las gobernaciones, de manera pacífica y sin destrozos. Remarcan que la violencia provino del Estado cuando vieron que la movilización desbordaba, que la respuesta popular era masiva. Las fuerzas de seguridad “tomaron medidas de provocación entraron de madrugada a los acampes generando pánico e insultos, tiraron piedras y luego los mismos eran los que tiraban gases lacrimógenos. “

Los referentes indígenas insisten “No fue el correísmo, fue todo un pueblo”.

Otros compañeros dicen que “el nivel de movilización y adhesión popular se incrementó cuando se realizó la misa campal por los muertos de las comunidades. “

“La contundencia de la protesta pacífica hizo que el gobierno declarara primero el toque de queda y luego el estado de excepción. “

“Militares con carros y camiones entraron sin autorización a varias parroquias rurales, violando las normas locales comunitarias.”

El oficialismo genero estrategias de desinformación,” lanzaban rumores de negociaciones falsas, de prebendas recibidas por las comunidades. Lanzaron rumores difamando a algunas de las dirigentes. “Naira Charán está pactando con el gobierno. “nos relatan.

Mientras tanto aseveran los representantes “quedaban bloqueaban toda información sobre la marcha de las asambleas y las acciones represivas. Todo se conoció por canales y medios alternativos. “

Jaime Vargas insiste en señalar que los hechos de violencia fueron provocados por la Policía Nacional, cuando se rompe el cordón de la Asamblea Nacional.

Preguntados sobre la noticia de una investigación judicial por los sucesos de la movilización en la cual estarían los delegados indígenas investigados por rebelión, señalan que conocen el tema que es increíble que habiendo aceptado participar en la mesa de negociación mesa del dialogo se los criminalice. Que ellos tuvieron siempre una actitud pacífica.

  1. Entrevistas con personas detenidas, familiares de personas detenidas o perseguidas y con familiares de personas fallecidas en el marco de las movilizaciones mencionadas

Entrevista con familiares de Paola Pabón

Paola Pabón es prefecta de la provincia de Pichincha, fue asambleísta y funcionaria del gobierno del presidente Rafael Correa.  Asumió la prefectura de Pichincha en abril del presente año.

Fue acusada públicamente por el presidente Lenin Moreno, de ser responsable de los disturbios y de la movilización popular iniciada el 3 de octubre, en cadena oficial de medios informativos en momentos de comunicar el estado de excepción el presidente señalo como responsables a Paola Pabón, Virgilio Hernández y Gabriela Rivadeneira, todos ellos integrantes del partido político Revolución Ciudadana. Incluso Rivadeneira (ex presidenta de la Asamblea Nacional) tuvo que refugiarse en la embajada de México en Quito para evitar ser detenida.

Según nos refieren los familiares de la prefecta de Pichincha, el discurso oficial ignora las causales amplias de la protesta, la participación de distintos sectores sociales y políticos, y constituyo como “enemigo interno” a los y las militantes de la Revolución Ciudadana.

La prefecta, según refieren familiares y otros entrevistados, decidió permanecer en la prefectura y en su domicilio para asegurar la gestión de gobierno pues había recibido amenazas por su rol de opositora política al gobierno de Lenin Moreno.

En un intercambio de tuiteras con la Ministra de Gobierno Paola Pabón señalo “no tengo nada que esconder” y la respuesta de la ministra fue: “no se preocupe que cuando termine el paro la vamos a detener”. El 14 de octubre sin previa notificación ni citación su vivienda fue allanada con violencia y producida la detención.

Estos relatos, coincidentes con otras personas entrevistadas, muestra la intencionalidad política en la detención de la prefecta, actualmente privada de libertad en una cárcel de máxima seguridad en Latacunga. imputada como autora de rebelión.

Destaca la familia de Pabón, el interés por parte de algunas autoridades del estado por procesar y criminalizar la acción política legítima y la acción de gobierno legal que ejerce la prefecta, pues incluso señalan como hecho destacado el que en las audiencias de flagrancia y de imputación de cargos la presencia de la Fiscal General del país, Diana Salazar, lo que denota un interés particular en este tipo de casos que son calificados como acusaciones de naturaleza política.

Señalan finalmente los familiares que en el ámbito público y mediático existe una evidente persecución en contra de las personas opositoras al gobierno en particular de los militantes de Revolución Ciudadana, y prevén que en el corto plazo pudieran presentarse más detenciones con una motivación política.

Entrevista con la joven periodista Nicole Villafuerte

El primer día de la protesta el 3 de octubre fue detenida junto a otro colega Mateo Flores, y trasladados al distrito policial Manuela Sáenz en San Blas. En el momento de la detención se denunciaron golpes, insultos, burlas humillantes, y el uso de gas pimienta en la cara, estando ya en el suelo la detenida.

Durante las horas transcurridas en el centro de detención se produjeron múltiples tratos crueles e inhumanos, con total hacinamiento, suciedad, sin utilización de sanitarios, y propinamiento de golpes a quienes se encontraban en el piso.  Los agentes de seguridad se burlaban de las jóvenes detenidas, se les indico de forma burlona que se habían encontrado piedras enormes en sus mochilas, las cuales estaban en poder de la policía por lo cual suponen las jóvenes que fueron colocadas por la propia fuerza de seguridad.

Después de varias horas de sufrimiento fueron liberados sin cargos no existiendo pruebas en su contra

Entrevista con familiares y amigos de Christian González

Christian González es militante político y social, participa en la organización la Bulla zurda, también fue colaborador en el gobierno de Rafael Correa.

El día 14 de octubre fue detenido en su domicilio con la acusación de rebelión, basada en los indicios recogidos de las redes sociales en 11 tuiters unas banderas y otros elementos de campaña ´política.

Fue alojado en el Centro del INCA, en el cual los reclusos sufrieron un fuerte hacinamiento.

En la audiencia de formulación de cargos, estuvo presente la Fiscal General Diana Zalazar quien según los testimonios recogidos hablo varias veces con los magistrados presentes.

De las entrevistas realizadas constatamos las detenciones generalizadas o masivas sin motivo suficiente, lo cual confirma su carácter arbitrario e ilegal.  Este dato ha sido ampliamente confirmado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador quien recoge la estimación de que un 80% de las detenciones realizadas no tenían pruebas ni causales suficientes.

Entrevista con Yofre Poma, Víctor Burbano y Amado Chávez

Yofre Poma es asambleísta de Revolución Ciudadana, se encuentra detenido por rebelión y suspensión de suministros de servicios públicos, a pesar de sus fueros parlamentarios.

Amado Chávez es prefecto de la provincia de Sucumbíos y Víctor Burbano sindico de la misma región.  Ellos fueron detenidos en momentos en que la movilización popular se dirigía a ocupar en forma pacifica los pozos petroleros de la provincia. En el relato de los detenidos y sobre los cuales además pesa una demanda por daños de varios cientos de miles de dólares, cuando llegaron a la central de la petrolera, las puertas se encontraban abiertas, no había custodia, y rápidamente los técnicos pudieron reingresar y recuperar el suministro. Señalan que todo ello se puede ver en los videos de las cámaras de seguridad de la empresa.

El prefecto y el sindico son electos por el partido SUMA, también declaran que fue detenida otra delegada del partido Social Cristiano, Yenny Rodríguez.   Remarcamos este dato para señalar que la represión, las detenciones y las imputaciones formuladas por la justicia se ciernen sobre referentes de partidos de la oposición y también de los delegados y participantes de las comunidades indígenas.

  1. Fiscalía General (Dirección de Derechos Humanos)

El lunes 21 de septiembre se realizó una sesión con la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de conocer la acciones que la institución está tomando en cuanto a la dirección de las investigaciones procesales o instrucciones fiscales de los procesos judiciales para acusar a los responsables y proteger a las víctimas para garantizar los derechos humanos.

La Dirección de la Comisión de la Verdad supo informar que se habría emitido la Resolución 006 para constituir un Equipo Técnico de Investigación de los hechos de protesta sucedidos entre el 3 y 13 de octubre del 2019. La intención del Equipo de Investigación consiste en atender las múltiples denuncias que llegaron a la Fiscalía tanto por medio de un parte de la Policía Nacional, como por los procesos iniciados por personas que denunciaron directamente en las oficinas de la Fiscalía.

 

La Dirección de la Comisión de la Verdad dijo estar preocupada por el nivel de denuncias que se realizaron alrededor de las últimas protestas sociales en Ecuador. Nos expresaron la necesidad de esclarecer las acusaciones contra supuestas acciones de la fuerza de seguridad pública. También consideran que es importante conocer la verdad sobre las delaciones que implican agresiones a periodistas y edificios públicos y privados. Al respecto se mencionó específicamente el caso del incendio de la Contraloría General del Estado y del Canal de Televisión Teleamazonas, los dos sucedidos en Quito. Todo el tiempo la Dirección de la Comisión supo mantener la debida reserva de información ante procesos de investigación previa de casos particulares.

Consideramos que el equipo de la Dirección de la Comisión de la Verdad está bien preparados en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, nos preocupa el nivel de autonomía de esta Dirección en la relación de jerarquía propia de la estructura de organización de toda la Fiscalía. Esto debido a que contamos con información sobre el rol de la Fiscal General, Diana Salazar, que se ha expresado por sus redes sociales y en medios de comunicación con criterios que consideramos irregulares pues adelantan criterios condenatorios en casos contra manifestantes y actores políticos de oposición al poder ejecutivo.

Preocupaciones

  • Las declaraciones de toque de queda y luego de estado de excepción fueron tomadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo generando una situación de mayores niveles de violencia y la profundización del conflicto, a pesar de haber sido validadas por la Corte Constitucional, existe una seria preocupación sobre su Convencionalidad y sobre los efectos perniciosos que con trajeron en la sociedad.
  • El discurso del gobierno nacional emitido reiteradamente en las ruedas de prensa alentó un clima persecutorio contra cualquier persona participe de las manifestaciones o que declarara su oposición política al gobierno.
  • A su vez se criminalizaron sin prueba alguna a personas migrantes venezolanos y cubanos la mayoría de los cuales fueron liberados rápidamente, pero alentaron con estas acciones las expresiones de racismo y xenofobia.
  • Las comunidades indígenas habían organizado un plan reivindicativo que no fue tenido en cuenta por el Gobierno. El decreto 883 fue a todas luces una decisión inconsulta que movilizo al conjunto de la población ecuatoriana.
  • Identificar la protesta de las comunidades con delitos como rebelión y otras tipificaciones para criminalizar a los participantes en la movilización resulta violatoria del derecho a la protesta, a la libre expresión, a la movilización pacífica.
  • La utilización de fuerzas de choque, con expresiones y actitudes violentas y discriminatorias incluso con expresiones de acoso sexual hacia las mujeres, escandaliza y contraria los procedimientos acordes a los estándares internaciones de utilización democrática del uso de la fuerza.
  • La Policía Nacional participo en el intento de dispersión de los manifestantes con una actitud de ferocidad inusitada, nunca vista por los y las ciudadanas consultados, sin embargo, se desconoce la existencia de procesos de revisión o sanción sobre estos comportamientos.
  • El uso del gas pimienta arrojado a los y las manifestantes que se encontraban en quietud sin ningún tipo de acción violenta, las detenciones al voleo y otras acciones de extrema agresividad descritas por las personas apresadas constituyen un accionar violatorio de las normas mínimas de procedimiento en materia de uso de la fuerza.
  • En la mayoría de los testimonios recogidos se señala que, al momento de producirse las detenciones y traslados, el personal policial profirió fuertes insultos a las personas apresadas, con expresiones cargadas de contenidos humillantes e incluso burlándose de las mismas.
  • La falta de acceso a la información es un dato reiterado por todos los sujetos entrevistados. En principio y después de varios meses de su firma la ciudadanía no conoce el contenido de la carta de intención firmada por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, en este tema la propia Defensoría del Pueblo presento un pedido de informes que hasta la fecha no fue contestado.
  • Existe una percepción social de que existe una clara persecución política en contra de integrantes del partido político Revolución Ciudadana en particular, pero de forma general en contra de quienes se han expresado como opositores al gobierno.
  • Se identifica la militancia política de carácter opositora con los delitos de rebelión, violentando los derechos personalísimos de libre expresión, libre asociación y manifestación y movilización entre otros.
  • De las entrevistas realizadas constatamos las detenciones generalizadas o masivas sin motivo suficiente, lo cual confirma su carácter arbitrario e ilegal. Este dato ha sido ampliamente confirmado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador quien recoge la estimación de que un 80% de las detenciones realizadas no tenían pruebas ni causales suficientes.
  • La misión internacional intento visitar a la Prefecta Pabón en el lugar de detención, pero la solicitud formulada oficialmente fue rechazada. Constituidos en el centro de inserción social de Latacunga donde se encuentra la prefecta, y después de largas horas de espera, no se logró la entrevista.
  • El anuncio en cadena oficial del presidente Lenin Moreno, demonizando a tres líderes de la oposición y construyendo un enemigo interno al cual encarcelar, violenta también las prácticas habituales en el sistema democrático que consideran la libre expresión de las ideas políticas y el ejercicio ciudadano de la protesta y la movilización como derechos personales y colectivos que deben ser respetados.
  • Sobre la actuación de la Fiscalía General llama la atención el interés personal de la Fiscal General Diana Salazar por estar presente en las audiencias de algunos de los líderes políticos detenidos, sin que se justifique su presencia procesalmente.
  • Existe una presunción fundada de que la Fiscalía continuará actuando penalmente en contra de otros líderes sociales, comunitarios, indígenas, políticos así como en contra de activistas y comunicadores como una acción de “represalia” por haber participado en las jornadas de protestas.
  • El abuso de la prisión preventiva -que no es exclusivo del Ecuador- se ha convertido en una forma de intimidación adelantada y una medida de control de la oposición.
  • La actuación de los tribunales del Poder Judicial durante las jornadas de protestas es de llamar la atención, porque no se condujeron a la altura de las circunstancias y acorde con los estándares interamericanos para asegurar a las personas un recurso judicial adecuado, efectivo y pertinente. Adicionalmente llama la atención la celeridad con la que algunas acusaciones están siendo desahogadas y el riesgo de que las personas puedan ser sentenciadas sin contar con el tiempo suficiente para realizar una adecuada defensa técnica.
  • La permanencia de un discurso oficial criminalizante, estigmatizante y xenófobo por parte de distintas autoridades.
  • La alta probabilidad de que se sigan presentando acusaciones y detenciones cargadas de una motivación política.

Sugerencias para la Visita de la CIDH

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunciada para realizar en la Republica de Ecuador en los próximos días constituye un hecho de extraordinaria importancia para analizar las violaciones de derechos detectadas.

En virtud de la importancia de la Visita, de los escasos días para prepararla y concretarla y la coincidencia de nuestra estadía entre el 16 y el 21 de octubre, habiendo elaborado este breve reporte que ponemos en su consideración,  y conociendo la alta valoración de la Comisión por la tarea de defensores de derechos humanos y organismos especializados en la temática es que solicitamos se tenga en cuenta las siguientes sugerencias.

  1. En función de la delicada situación política del país, y el temor que detectamos en la sociedad a partir de la persecución judicial desatada contra opositores políticos y manifestantes es que solicitamos se brinde un espacio con particular reserva a diversos integrantes de la sociedad civil (en especial con las organizaciones defensoras de los derechos humanos).
  2. Sugerimos a la CIDH solicitar una entrevista a la Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General como instancia destacada para conocer las acciones de la Fiscalía en torno a las denuncias realizadas que se derivaron de las últimas protestas en Ecuador.
  3. De igual forma que consideren la realización de visitas a los diversos centros de detención donde se encuentran las personas detenidas y acusadas en el marco de las movilizaciones de las semanas recientes.
  4. Revisar la actuación del Poder Judicial (en su conjunto) en los procesos de calificación de flagrancia, de validación de imputaciones y de desahogo de los procesos penales en contra de las personas opositoras al gobierno de Lenin Moreno.
  5. Registrar y documentar la inmensa cantidad de videos y grabaciones audiovisuales con las que se dio cuenta de la actuación policial y militar, así como del tono de los discursos oficiales.
  6. Registrar el uso de los medios de comunicación oficiales -en especial- de las cadenas nacionales por parte del gobierno de la República para exacerbar un discurso de persecución política.
  7. Registrar las agresiones, amenazas y actos de intimidación que han sufrido y denunciado algunos medios de comunicación y comunicadores, sobre todo los medios comunitarios, sociales y alternativos.
  8. Solicitar información el Gobierno del Ecuador sobre “maxi procesos” o “maxi acusaciones” que pudieran estarse integrando en contra de personas opositoras, independientemente de su participación en las jornadas de protestas.
  9. Solicitar el estado que guardan las investigaciones por uso excesivo de la fuerza, abuso policial, tortura, e incumplimiento de deberes en los que presuntamente incurrieron elementos policiales y militares durante las protestas.
  10. Gestionar entrevistas con familiares de personas heridas y/o fallecidas para conocer sus testimonios de primera mano.

En este sentido a partir de la experiencia que esta Misión Internacional tuvo en los días recientes en su visita a Quito, nos permitimos formular respetuosamente una sugerencia de entrevistas y personas que consideramos de vital importancia para conocer el contexto de la situación actual de Ecuador y para documentar el proceso vivido en los días recientes :

  1. La Alianza de Organismos Civiles de Defensa de los Derechos Humanos, entre ellos: Amazon Frontlines, INREDH, CEDHU, SURKUNA, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Idea Dignidad, Atopia, y el Centro de Derechos Económicos y Sociales.

 

  1. La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, y las Confederaciones que la integran, con sus representantes Jaime Vargas, Leónidas Iza, Nayra Chalá, Andrés Tapia, entre otros.

 

  1. La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Ecuador.

 

  1. Paola Pabón prefecta de la provincia de Pichincha, e integrante del partido político Revolución Ciudadana; recluida en el centro penitenciario de Lacatunga

 

  1. Christian González, activista de izquierda acusado a partir de sus publicaciones en Twitter; recluido en el centro penitenciario el INCA

 

  1. Amado Chávez, prefecto de Sucumbíos e integrante del partido político SUMA; recluido en el centro penitenciario C4

 

  1. Yofre Poma, integrante de la Asamblea Nacional en funciones y militante del partido político Revolución Ciudadana; recluido en el centro penitenciario C4

 

  1. Yenny Rodríguez, dirigente de una asociación de empleados públicos e integrante de un partido social cristiano, detenida en la Provincia de Sucumbíos.

 

 

  1. Medios de comunicación

Dada la restricción en el manejo de la información pública por numerosos voceros confirmada, tuvo especial relieve la tarea de difusión y comunicación realizada por medios alternativos, algunos de los cuales han sido y están todavía perseguidos, con serias amenazas sobre sus publicaciones y personal responsable. Por ello sugerimos entrevistar y establecer solicitudes de protección de derechos tanto a la libre expresión como a la vida y la libertad de sus miembros a las siguientes publicaciones:

Voces plataforma digital.  A cargo de Nicole Villafuerte

Revista Crisis @revistacrisisec  A cargo de Diana Almeyda Novoa

Nuestro Americano, a cargo de Ivonne Amores

 

A los fines de facilitar las citaciones y contactos indicamos la comunicación con Pablo Iturralde TE 593999883427

 

Sin otro particular, saludan a la Comisión Interamericana de derechos humanos con total reconocimiento y especial consideración.

 

María Elena Naddeo

David Peña Rodríguez

Haydee Hoberreuter

Lucia Maccagno

[1] Véase el discurso oficial del Presidente de la República Lenin Moreno en el sitio web de la presidencia de la República en https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/2019.10.01-DECISIONES-ECONOMICAS-1.pdf

[2] Decenas de páginas electrónicas, medios masivos de comunicación y sitios en la red calificaron el conjunto de medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno el día 1 de octubre como el “paquetazo” haciendo referencia al conjunto de medidas anunciadas en conjunto, algunos medios de comunicación internacionales retomaron esta etiqueta, por ejemplo: https://www.telesurtv.net/news/gobierno-ecuador-medidas-economicas-lenin-moreno-20191002-0002.html, https://www.nodal.am/2019/10/lenin-moreno-anuncia-paquetazo-economico-y-reformas-laborales-como-parte-del-acuerdo-con-el-fmi/https://www.dw.com/es/fmi-alaba-medidas-econ%C3%B3micas-anunciadas-por-len%C3%ADn-moreno/a-50686490

[3] Véase boletín oficial del FMI en su página electrónica https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador

[4] Véase el anuncio del Paro de transportistas de fecha 2 de octubre, como respuesta al anuncio del presidente Lenin Moreno del día 1 de octubre https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/10/02/transportistas-anuncian-paralizacion-este-3-octubre-2019-rechazo-las-medidas-economicas.html

[5] La comunicación oficial de la CONAIE anunciando que se suman al paro nacional el día 4 de octubre se encuentra disponible en el timeline de la cuenta de twitter de la Confederación en el siguiente vínculo electrónico https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1180207860560482304

[6]El Decreto 884 mediante el cuál se ordenó el Estado de Excepción se encuentra disponible en línea en https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2019/10/decreto.pdf

[7] Distintos medios de comunicación retoman la comunicación oficial de la Corte Constitucional sobre este Decreto, puede consultarse la nota en línea en https://www.elcomercio.com/actualidad/corte-constitucional-excepcion-lenin-moreno.html

[8] https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-presenta-sexto-informe-con-resultados-de-la-vulneracion-de-derechos-durante-el-estado-de-excepcion/

[9] El Decreto 884 mediante el cual se ordenó el Estado de Excepción se encuentra disponible en línea enhttps://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2019/10/decreto.pdf

[10] La Constitución de la República del Ecuador vigente a la fecha reconoce en su artículo 98, el derecho a la resistencia en los siguientes términos: Art. 98.- Los individuos y los colectivos  podrán  ejercer  el  derecho  a  la  resistencia  frente  a  acciones  u  omisiones  del  poder  público  o  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  no  estatales  que  vulneren  o  puedan  vulnerar  sus  derechos  constitucionales,  y  demandar  el  reconocimiento  de  nuevos derechos.

[11] Véase el comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo disponible en línea en https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-exhorta-a-la-corte-constitucional-y-a-la-fiscalia-general-del-estado-para-que-se-pronuncien-en-el-ambito-de-sus-competencias-ante-la-situacion-que-atraviesa-el-pais/

[12] Véase Código de Procedimiento Penal de Ecuador, última reforma año 2010, Artículo 161, párrafos Cuarto y Quinto que señala: “Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará inicio a la audiencia identificándose ante los concurrentes como juez de garantías penales, señalando los derechos y garantías a que hubiere a  lugar.  Luego  concederá  la  palabra  al  representante  de  la  Fiscalía  quien  expondrá  el  caso, indicando las evidencias encontradas en poder del sospechoso, y fundamentando la imputación que justifica el inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo217  de  este  Código.  El  fiscal  solicitará  las  medidas  cautelares  que  estime  necesarias  para  la investigación  y  señalará  un  plazo  máximo  de  hasta  treinta  días  para  concluir  la  instrucción  fiscal. Acto seguido el juez de garantías penales concederá la palabra al ofendido, en caso de haberlo, al policía  si  lo  estimare  necesario,  a  fin  de  que  relate  las  circunstancias  de  la  detención.  Luego escuchará al detenido para que exponga sus argumentos de defensa, quien lo hará directamente o a través de su abogado defensor. La intervención del detenido no excluye la de su defensor.

 

El  juez  de  garantías  penales  concluirá  la  audiencia  resolviendo  la  existencia  de  elementos  de convicción para la exención o no de medidas cautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá lo actuado  a  la  Fiscalía  General,  a  fin  de  que  continúe  con  la  instrucción  el  fiscal  especializado  que avoque conocimiento, en caso de haberla.”

[13] Resolución aprobada por la CONAIE en febrero de 2010 en la comunidad de Ambato, donde se explica la ruptura de esta organización con el gobierno y donde se plantea el desconocimiento de la leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que no hayan tenido el consenso y la participación por la vía de la consulta indígena con las distintas nacionalidades del Ecuador, destacando aquellas que tienen un mayor impacto o afectación en sus territorios como los son las relacionadas con la minería, el agua, la soberanía alimentaria, el comercio regional, las empresas extractivas de minerales, entre otros temas.

[14]