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El presidente Mauricio Macri anunció la creación de un «Plan Universal de Salud». ¿En qué consiste?

Por Marielena cabrejas

Cabe preguntarse en dónde está la trampa si hoy nuestro país ya brinda una cobertura de salud al 100% de la población -con sus más y sus menos- una cobertura universal a la que todos pueden acceder en el sistema público de salud.

El Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, aclaró algunos de los aspectos que incluiría el plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) luego del decreto que firmó el Presidente para su financiación. El decreto dispone 8.000 millones de pesos para la CUS y 2.700 millones para saldar parte de la deuda del Fondo Solidario de Redistribución (FSR)  con las obras sociales.

Al parecer la dirigencia sindical ha aceptado este dinero a cambio de su “visto bueno” para un plan que parece abonar el camino hacia una mayor privatización y vaciamiento de la salud pública.

El propio Lemus ha reconocido que el objetivo de la reforma es que “las prestaciones que no puede brindar el sector público, las brinde un sistema privado”, en convenio. Asimismo afirmó que dicha Cobertura Universal de Salud permitirá a los pacientes del sistema público tener credencial (15 millones de personas) e historia clínica y acceder a los servicios de calidad que necesitan incluyendo descuentos en medicamentos.

A veces hay que hilar fino y leer el subtexto para ver más allá. Lo que está claro en el Boletín Oficial 908/2016 es que destina un capital inicial por única vez para la unidad ejecutora (UE) del Plan de 8000 millones de pesos. No aclara los destinos de esos fondo como así las formas de financiación de la CUS a futuro. Asimismo se habilita a las Obras sociales (OS) y a la Superintendencia de Servicios de Salud (MSN) a la gestión de servicios para la población del CUS.

Por lo tanto no sería descabellado inferir posibles articulaciones entre estos actores privados y el Ministerio de Salud como parte de una oferta de servicios donde las OS serían parte interesada en este sistema. Al parecer, sería como una gran OS, en este caso administrada por el MSN a través de esta unidad ejecutora ( UE) con una población cautiva de unos 15 millones de habitantes ( personas que solo cuentan con la cobertura del sistema público) y una cartilla de prestadores o canasta básica de prácticas y prestadores donde no solo estarían los efectores estatales sino también las Obras Sociales y las Empresas de Medicina Privada y corporaciones de profesionales que ya están organizadas como administradoras de contratos con dichas Obras Sociales, prepagos y el Estado. Todo hace pensar que competirían el sistema estatal con el sistema con las Obras Sociales y empresas de medicina privada.

El MSN administra el Fondo Solidario de Redistribución conformado con los aportes de todos: las OS, aportes de los trabajadores y patronales ( aportan entre un 10 a 20 % de acuerdo al nivel salarial de sus beneficiarios). Inicialmente se lo destinaba a OS con problemas financieros pero con el objetivo de la libre elección y desregulación, se destinó al programa mínimo de prestaciones obligatorio PMO. Además se financian los tratamientos muy costosos: su función es asegurarle a los afiliados de OS los medicamentos y prestaciones de costo (MAC).

Si tenemos en cuenta la enorme sobreoferta privada en servicios de salud existente en la Argentina y que el sector privado de la salud es el que menos creció en estos últimos 12 años comparado con el crecimiento del sector estatal y de Obras sociales todo hace prever el futuro circuito del dinero y sobre todo por qué andarivel transcurriría el mismo en detrimento de las capacidades de financiación y mantenimiento del sector estatal y de algunas de las pequeñas Obras sociales.

Teniendo en cuenta el actual plan económico neoliberal del gobierno de Macri, con sus brutales transferencias de recursos hacia sectores de la economía sojera y cárnica, la industria extranjera extractiva y financiera y su derrotero hacia la desindustrialización con apertura a las importaciones y primarización de la economía, podemos ver por dónde se produciría el flujo de dinero del estado.

Dicho flujo de dinero será como producto de la facturación de las prácticas cubiertas por la CUS a lo que hay que sumar el gasto de bolsillo (copagos y prácticas no nomencladas) de las personas que van a portar su flamante carnet de la CUS limitando su derecho a una canasta básica de prácticas y descuentos en medicamentos (medicamentos que hasta ahora recibían sin costo en la mayoría de los casos en el subsector público de salud).
Ese flujo de dinero iría en primer lugar hacia el sector más concentrado de la industria farmacéutica y de servicios privados de la salud asociados a la banca financiera, en segundo lugar a pocas Obras sociales que disponen de la mayor cantidad de “beneficiarios” y recién en tercer lugar quedaría el resto del sistema estatal.

El gobierno pretende disfrazar la reforma como progresista, al introducir una historia clínica única y crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un organismo encargado de la “valoración clínica, ética, económica y social de las prácticas médicas para evaluar la relación entre el beneficio y la oportunidad de recibir determinado tratamiento”. Ello plantea una regimentación del trabajo médico, así como la limitación o exclusión de determinados tratamientos para reducir costos.

El concepto de aseguramiento con canasta básica lleva al sistema de mayor inequidad sanitaria donde no asiste el derecho a la salud.

Así lo explica en su último documento la Agrupación de trabajadores de la salud (Raúl Laguzzi). El término “seguro” está ligado directamente al lucro. Su mecanismo queda claro comparando con el tipo de seguros que nos resulta más familiar: el seguro automotor, que cubre los daños una vez producido el siniestro. Mientras tanto, nuestros aportes van engrosando los caudales de las aseguradoras y sólo se justifican por el miedo que nos genera la posibilidad del siniestro. Ese miedo entonces es clave: si uno no lo tuviera, dejaría de aportar.

Traducido al terreno que estamos analizando, para garantizar el éxito es fundamental que la salud sea cara, para inducir el miedo a no poder afrontar los costos de un tratamiento. Y esto se apoya en dos patas muy importantes: una es la falta de prevención y de promoción de la salud, dos valores fundamentales de la Salud Pública, que hacen a la diferencia entre desplegar un verdadero programa de cuidado de las personas o hacer negocios con la enfermedad, la otra pata es promovida por la Industria farmacéutica y la biotecnológica: el exceso de prestaciones basado en el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento.

Ya en 1987, un informe del Banco Mundial denominado “Agenda de reforma del financiamiento de los servicios de salud de los países de ingresos medios y bajos” dejó claro que el objeto de la reforma que se propone no es la salud, sino el financiamiento de la misma. Allí se define que la cobertura para resolver el problema de acceso a la salud debe ser por medio del mercado no a través de la seguridad social ni por la vía de los impuestos: a los pobres se los incorpora como consumidores de salud al mercado mediante el subsidio a la demanda.

En esta lógica, la “universalidad” se basa en la estratificación. Todos tienen la cobertura de un “seguro”, sí, pero no una que brinde verdadera protección para todos: existe un régimen subsidiado para pobres, un régimen contributivo para sectores medios y la medicina prepaga para ricos, con sus marcadas diferencias en la calidad de respuestas y acceso. Lo “universal” se refiere al número de personas que reciben la cobertura de salud, pero no asegura un piso de prestaciones de la misma.

Es preciso resaltar una vez más que nuestro país ya brinda una cobertura de salud al 100% de la población (Sistema de salud estatal), desde la gestión de Ramón Carrillo en los 40. Con sus logros y deudas, la Salud Pública sigue dando respuesta a la demanda de servicios a pesar de haber sido casi continuamente boicoteada, salvo durante algunos cortos lapsos en los que las políticas del Estado apuntaron a cumplir su obligación de tutela de este derecho humano básico (La Laguzzi 2016).

Tres sucesos que hasta hoy debilitan a la Salud Pública fueron guiando los fondos públicos a las empresas privadas: el primero comenzó en el ´55, cuando -argumentando la “federalización” de la salud- se descentralizó el sistema al punto tal de hacer desaparecer por unos años el Ministerio de Salud. Este proceso siguió durante el gobierno de Onganía con la afiliación obligatoria a la Seguridad Social, negociada entre la dictadura y la burocracia sindical vandorista. En los ´90 la decadencia se agudizó con la desregulación efectuada en el gobierno neoliberal de Carlos Menem, que produjo como consecuencia el llamado “descreme“: que los aportes de los salarios más elevados, que hasta entonces contribuían al sistema solidario de las obras sociales, pasasen directamente a las prepagas, las que comenzaron así una pendiente de aumento muy pronunciado en la curva de rentabilidad de su negocio, mientras se empobrecen en la misma proporción los recursos de las obras sociales para atender a los afiliados de menores recursos.

Este proceso lleva, entre otras cosas, a una precarización del trabajo de los profesionales de la salud, que se refleja en flexibilización laboral, con contratos de trabajo de vencimiento a veces hasta mensual. Una de las consecuencias es que los tratamientos de los pacientes van sufriendo interrupciones. Esto se ha visto en países donde se puso en práctica este tipo de cobertura (por ej. Colombia) y donde los salarios profesionales pasan a ser una variable económica de las agencias aseguradoras y no una retribución justa por la labor en defensa del derecho a la salud que tiene nuestro pueblo.

Esta forma de gestión se completa cuando los responsables del área se desligan de la responsabilidad de actuar sobre los determinantes sociales de la salud sobre los cuales se debe hacer promoción y prevención, funciones que pasan a otras órbitas ministeriales, mientras los ministerios de salud van perdiendo razón de ser. En tanto la gestión financiera del sistema pasa a quedar bajo control de las compañías aseguradoras.

Por todo lo enunciado, es necesario informar y estar alerta frente al riesgo de reformas que, con base en principios de mercado, desmonten el sistema estatal, asignen la administración del sistema al sector privado, segmenten la prestación de servicios, promuevan la interacción de sectores en un diseño de competencia de baja regulación, con un Estado débil o inexistente como ente rector de la salud y con un fortalecimiento de grupos privados que administren los recursos, aumentando en consecuencia las vulnerabilidades ya muy preocupantes en el derecho a la salud.

Esta es una buena oportunidad para poner a la salud en debate, en el marco de la propuesta de reforma de nuestra Constitución, para bloquear en el futuro políticas como este proyecto de “Cobertura Universal de Salud” que son contrarias al principio del derecho a la salud, que el estado debe garantizar respetando los tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales nuestro país es parte.

“Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría” (Ramón Carrillo).