El conflicto portarifas_luz las tarifas de los servicios públicos que hoy agita el panorama político del país es sólo un capítulo más del proceso que, en el sector energético,

Por Ing. Hugo Palamidessi (Vicepresidente del grupo Moreno)

enfrenta a las políticas de expansión del dominio de las grandes empresas y los capitales transnacionales con las necesidades e intereses de la gran mayoría de los argentinos.

Este enfrentamiento, que siempre estuvo presente desde principios del siglo pasado, tuvo un salto cualitativo en los primeros años del gobierno Menem, cuando se desarticularon y vendieron las empresas estatales, y el manejo de los servicios públicos del sector quedó en manos privadas y sin controles efectivos por parte del Estado. En esos años se libró al mercado la producción de hidrocarburos y la electricidad, mientras que la distribución y la comercialización del gas, la luz y el agua, operadas por otras empresas, fueron confirmadas como servicios públicos, sujetas a marcos regulatorios.

Así desde los inicios de la reforma del sector energético los precios de mercado de los combustibles y las tarifas de gas y luz divergieron. Si bien éstas absorben las variaciones del precio de los hidrocarburos en su origen (“boca de pozo”), los otros componentes de esas tarifas -que formalmente reflejan costos y márgenes de ganancia en la distribución y la comercialización y cargas e impuestos varios- son fijados independientemente por los gobiernos provinciales y, en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por el gobierno nacional.

Las empresas petroleras, que ejercieron durante varios años la comercialización irrestricta de la producción, tendieron ductos para vender al exterior grandes volúmenes de gas y giraron ganancias extraordinarias fuera del país, sin invertir simultáneamente en exploración, por lo que no se repusieron en nuestro subsuelo las reservas, cuyo horizonte se redujo drásticamente; pasamos así de tener reservas de gas por 30 años en 1989 a 8 o menos en la actualidad. Por su parte la generación de electricidad, que creció en los primeros años-en gran porcentaje con la instalación de turbinas con gas- no acompañó después el aumento del consumo incentivado por el crecimiento económico. A su vez las empresas concesionarias del transporte y distribución de gas y electricidad que también acumularon ganancias extraordinarias en esos años, tampoco invirtieron lo suficiente para modernizar y ampliar las redes, por lo que no se expandió el servicio, y cayó la calidad del suministro.

Como consecuencia, hacia el año 2004 se hizo evidente la decadencia de la oferta hidrocarburífera y el deterioro del sistema eléctrico, cuya generación ya dependía en más del 60% del gas como fuente primaria. Los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina F. de Kirchner respondieron desde entonces tratando de incentivar la exploración y extracción de petróleo y gas, fijando precios más altos en boca de pozo a la producción que procediera de nuevos descubrimientos. Se prorrogaron las concesiones de yacimientos importantes sin que se cumplieran los requisitos fijados en los contratos originales. Se otorgaron nuevas concesiones de áreas a empresas petroleras privadas -en muchos casos en sociedad con YPF S.A, o con las petroleras provinciales- cediéndoles una parte importante de las acciones sobre las reservas de hidrocarburos. Este proceder se intensificó a partir del año 2007 con la vigencia de la ley 26197, la llamada “ley corta”, que cedió a las provincias la administración de los recursos del subsuelo.

Sin embargo no se lograron inversiones significativas por parte de las empresas, y la producción se abandonó, estancó o disminuyó en los yacimientos de la mayoría de ellas con muy pocas excepciones, en particular la de YPF luego de la expropiación del 51% de sus acciones por el Estado Nacional. Esta empresa ha expandido levemente su producción, con un significativo esfuerzo de inversión -en gran parte destinado a los métodos no convencionales- y solventado en gran medida por el aumento de los precios de los combustibles en el mercado interno y por endeudamiento externo avalado por el Poder Ejecutivo Nacional. Simultáneamente se importaba gas y gasoil, que se suministraron a precios reducidos a las centrales eléctricas, y se subsidiaba a grandes consumidores la compra de gasoil, al que estos debieron recurrir cuando se les cortaba el suministro de gas para priorizar el consumo residencial en época invernal.

Vemos que, con el correr de los años posteriores a la crisis de fin del siglo XX, la dinámica del sector energético generada en los años ´90 -con la normativa establecida por los marcos regulatorios de la electricidad (ley 24065) y del gas (ley 24076)- se fue distorsionando.

El Poder Ejecutivo Nacional intervino fijando precios en el mercado interno y condiciones de comercialización en la importación y exportación de hidrocarburos, respondiendo en buena medida a los intereses empresarios. Así se convalidaron aumentos en el precio del petróleo y el gas en boca de pozo y se alentó la exportación de petróleo. Simultáneamente se postergaron y retacearon los ajustes de las tarifas del gas y de la electricidad, preponderantemente para los consumidores residenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque en los años 2008 y 2009 se hicieron intentos de readecuar las tarifas que no prosperaron, principalmente por la reacción de consumidores y organizaciones populares que se opusieron a una recomposición considerada ni justa ni razonable.

Llegamos así a una situación límite caracterizada por:

1) el déficit en la oferta energética, con la pérdida del autoabastecimiento de gas por una producción doméstica insuficiente que obliga a importar gas de Bolivia y gas licuado, especialmente en épocas invernales, y las restricciones y la caída en la calidad del suministro eléctrico (a las falencias en la distribución contribuye que la potencia efectivamente disponible es inferior en unos 3.000 MW a la demandada en los picos máximos de consumo).

2) un balance económico desfavorable, que sufrimos los consumidores, directamente a través de los mayores precios de los combustibles y la inflación que genera su incidencia en otros consumos, y por la carga impositiva con que el fisco busca descargar el peso de la importación y de las compensaciones a las empresas, amén de los gastos de infraestructura -vial, edilicia, de servicios- que encaran los gobiernos nacional, provinciales y municipales subsanando la falta de inversión de las empresas. Hay cálculos que elevan el gasto fiscal de 2015 en los llamados “subsidios” en energía a más de $ 170.000 millones.

3) la pérdida de soberanía y poder regulatorio, renovando contratos y otorgando reservas de hidrocarburos a las empresas multinacionales, y minimizando las capacidades y el accionar de los entes reguladores, mientras se atiende a la presión, a favor de sus intereses sectoriales, de empresas, élites provinciales y dirigencias sindicales.
Una parte de la opinión pública vive la hoy llamada “crisis energética” como si fuera resultado de una fatalidad o sólo de la situación económica mundial, mientras otra parte coincide con el actual gobierno y sus conspicuos asesores al atribuirla exclusivamente a los gobiernos Kirchner.

Desde el MORENO, (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) caracterizamos la situación como una etapa en la confrontación que señalábamos al principio, y entendemos que el “tarifazo” es una reacción indispensable para el gobierno Macri, en el camino de retrotraer las políticas en energía a la década de los años ´90.

Por eso nosotros decimos NO a este intento de recomposición del cuadro tarifario. Aun admitiendo que las tarifas residenciales de gas y luz en el AMBA deben actualizarse, decimos que. no aceptamos el ´tarifazo´ sin que, previamente, se adopten los pasos necesarios para un cambio sustancial en las políticas en el sector energético, y en las incumbencias y los mecanismos de decisión en su implementación. Porque si no el ajuste será recurrente y perpetuo; hoy se aumentan las tarifas para solventar el aumento en el precio del gas en boca de pozo, que irá directamente a las petroleras e impulsará el aumento de costos en usinas eléctricas; luego vendrá la recomposición de los valores agregados del transporte y la distribución, y cada vez se agregará el aumento de los impuestos y cargos específicos varios, generalmente porcentuales. Y los usuarios residenciales sufrirán el incremento en los precios de todos los productos afectados por la suba en los servicios que se aplica ya a consumidores comerciales e industriales, y que a su vez experimentará las mismas reiteraciones.

Las cadenas de valor del gas, la electricidad, y también del agua potable, deben ser investigadas a fondo para determinar costos razonables y tarifas finales justas. No hay razones legítimas por ejemplo, para pagar a las petroleras precios del gas superiores a los costos reales (YPF declara en la Stock Exchange Commision de Nueva York, costos en boca de pozo inferiores al precio fijado aquí por la S.de Energía) y no debieran trasladarse directamente esos precios para justificar las ganancias de procesadoras y distribuidoras integradas con las petroleras. Tampoco es aceptable que los precios internos de los hidrocarburos se alineen con los internacionales cuando estos aumentan, pero no cuando disminuyen.

En lo que respecta al transporte, la distribución y la comercialización, la dispersión de actores -resultado del proceso de desregulación en los años ´90- ha exacerbado la proliferación de empresas: dos transportadoras de gas, muchas distribuidoras regionales y distribuidoras-comercializadoras locales de gas y de electricidad públicas o privadas, o cooperativas, en distintas jurisdicciones interprovinciales, provinciales y municipales, sometidas a distintos marcos regulatorios.

Esta proliferación ha llevado a la multiplicación de gastos improductivos y ganancias empresarias, como también a desinteligencias, intereses encontrados y dificultades técnicas en la operación de estos grandes sistemas. En el sector energético argentino anterior a la década del `90 unas pocas empresas estatales, producían y comercializaban la parte mas sustancial de esos servicios, v.g. Gas del Estado, Agua y Energía, Segba; las tarifas contemplaban mucho más la capacidad de pago de los usuarios que las ganancias empresarias. En dos décadas se ha demostrado que la tan promovida competencia entre empresas, que supuestamente debía generar beneficios para los usuarios, ha desarticulado la necesaria cooperación entre los actores del sistema que imponía una gestión centralizada y con mayor control estatal.

El MORENO sostiene que es un derecho humano disponer de energía en volumen y calidad necesarios para gozar de una vida digna; para ello se han proclamado como servicios públicos el suministro del agua, gas y electricidad. El ejercicio de ese derecho implica necesariamente el derecho de todos a participar de las decisiones que involucran a esos servicios y a los recursos de las fuentes primarias de energía. Por ello las líneas principales de las políticas en energía deben ser establecidas a través del poder legislativo y con la participación activa de los ciudadanos, la que también debe manifestarse en los mecanismos de control fijados por ley.

No se trata entonces de consultar a los “consumidores”, en audiencias públicas y para establecer en qué medida y en qué ritmo se puede imponer el aumento de las tarifas para que la población lo tolere, sin generar gran resistencia. No se trata de organizar reuniones, donde la participación, el carácter de las exposiciones y las conclusiones –no vinculantes recordemos- son manipulados, como lo fija el ENARGAS para la próxima audiencia a través de una resolución administrativa, y como lo demuestra la mayoría de las audiencias públicas sobre otras cuestiones que han tenido lugar en diversos ámbitos, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución de la Corte Suprema, imponiendo la realización de las audiencias que fijan los marcos regulatorios, si bien obliga a los poderes ejecutivos a cumplir con la ley y atender a la opinión pública, no va más allá en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Somos los ciudadanos que, además de participar en las audiencias, debemos manifestarnos en todos los ámbitos posibles reclamando el ejercicio pleno de nuestros derechos.