Una niña de 11 años víctima de abuso accedió a un aborto no punible en Tucumán. Grupos antiderechos intentaron amedrentar a los profesionales de la salud con una denuncia penal  y sobre todo lograr poner en duda el derecho establecido en el art. 86 inc 2 del Código Penal.  La Fiscalía logró el archivo de la denuncia.

Por Mariana Alvarez

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Con el dictado del fallo “FAL, s/medida autosatisfactiva”, el 13 de marzo de 2012,  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, clarificó lo que el legislador penal redactó en 1921, esto es establecer con claridad cuáles son los supuestos en los cuales un aborto inducido es legal o no punible.

Antes del fallo de la Corte Suprema se habían sucedido y judicializado casos dramáticos de inaccesibilidad de abortos no punibles en diversas provincias , inclusive uno de ellos, que se conoció como el caso “LMR” fue llevado como un caso de litigio estratégico al Comité de Derechos Humanos[1] por parte de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil[2],  lo que marcó un antes y después en la materia, ya que por primera vez el Estado Argentino fue declarado internacionalmente responsable por la violación de  derechos humanos al no haber garantizado la práctica de un aborto no punible.  

En el caso particular de Tucumán, el panorama de inaccesibilidad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se mantiene inalterable, provincia que carece de políticas públicas y de un interés en crearlas para revertir la situación, lo cual en gran medida responde a una ausencia de laicismo arraigado en el Estado lo cual dificulta que desde allí se tenga una perspectiva de derechos y ciudadanía en la materia.

El exhorto de “FAL” produjo diversas reacciones, que sin embargo en la provincia derivaron en una “suerte de pacto” de mantenimiento del statu quo por parte de los poderes estatales. Esto sólo se vio alterado el día 19 de marzo de 2013 cuando saltó a los titulares del diario “La Gaceta” la realización de un aborto no punible de  una niña de 11 años que cursaba un embarazo de 20 semanas como resultado del abuso sexual de su padre biológico, la noticia, que fue muy mal tratada,  no se trató de otra cosa que la filtración de los datos como paciente de la niña víctima, en las que se daban datos como el número de quirófano en donde se había realizado la práctica a la que por ley tenía derecho.

La niña acompañada de su madre fue internada y la práctica se concretó sólo dos días después, mediante cesárea. Ni su madre ni la niña conocían la posibilidad de efectuar un aborto no punible, se enteraron de manera fortuita, no se lo dijeron ni en la fiscalía donde ingresó la denuncia por el delito de abuso sexual, ni en la comisaría donde efectuaron la denuncia,  ni en el centro de atención primaria donde la pequeña recibió la noticia del embarazo, sólo tomaron conocimiento cuando por el cuadro traumático general la niña fue enviada a un servicio de salud mental desde donde un profesional del mismo le explicó que dadas las condiciones del caso y la solicitud de la niña podía acceder a un aborto legal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de la Merced de la Provincia .

Sin embargo la noticia, de que se había respetado y garantizado un derecho,  generó la reacción inmediata desde un sector “anti derechos” encarnado en este caso por el letrado Arturo Forenza (h) apoderado del PRO en Tucumán, que el 22 de marzo del 2012 radicó una denuncia penal  contra el personal médico y del Instituto de Maternidad, por abuso de autoridad, aborto,  violación de los deberes de funcionario público ante la justicia penal de la Provincia de Tucumán. La denuncia recayó en la Fiscalía de la VI Nominación a cargo de la Fiscala Adriana Marcela Reinoso Cuello, para reforzar  la denuncia de Forenza (h) también adhirieron a esta unos días después los abogados Marcos Terán y María Teresa Mockevich de la Red Federal de Familias, una reconocida ong ligada a la jerarquía de la Iglesia Católica y de profusa militancia “antiderechos”.-

Frente a lo que significaba una intentona de amedrentar a los profesionales de la salud  y sobre todo lograr poner en duda el derecho establecido en el art. 86 inc 2 para todas las mujeres tucumanas, es que desde la Casa de las Mujeres Norma Nassif y la Secretaría de Género de la CTA,  patrocinadas por la abogada Soledad Deza se interpuso dos días después el pedido de archivo in limine de la denuncia y se denunció a Forenza (h) por violencia institucional, al pretender discutir en sede judicial el acceso a un derecho que debería ser una política pública y tratar de impedir  su acceso a las mujeres en general. A este pedido adhirió la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Tucumán, con el patrocinio de quien suscribe, en la misma lógica y en apoyo a las organizaciones de mujeres antes citadas.

                La fiscala dictaminó finalmente el archivo de la denuncia en un extenso y meduloso fallo de 13 páginas en fecha 21 de mayo de 2014. El dictamen toma como referencia en muchos de sus pasajes la interpretación que ya había realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo también tiene razonamientos propios, de los cuales me permito transcribir aquellos que me han resultado más relevantes, en tanto resultan basales para evitar en el futuro situaciones análogas con otras víctimas y cuerpos de médicas/os:

  1. “la pretensión del denunciante respecto de la antijuridicidad de la práctica, porque esta no contaría con una guía que delimite la atención médica, fracasa desde un inicio. No hay norma alguna que presupueste el ejercicio de la práctica abortiva a una guía sólo sugerente de aborto no punible”
  2. “Independientemente de la interpretación jurídica de la cuestión, que permitiría incluso realizar la práctica abortiva sin siquiera precisar una denuncia penal (…) El procedimiento en el Instituto de la Maternidad no ha sido arbitrario desde el punto de vista de los procedimientos de la materia ni tampoco de los presupuestos de hecho que condicionarían a los galenos.”
  3. “Ampararse en el derecho a la vida del feto desconociendo los derechos fundamentales de la mujer embarazada a consecuencia de la violación, desconoce justamente esa otra parte de la disputa cual es la propia vida o la integridad psicofísica de quien lleva adelante una gestación que en su formación no quiso y en el futuro no querrá”
  4. “(…) no nos encontramos ante la sospecha de la comisión de ilícito alguno, sino también para aseverar, que a través del caso expuesto, podemos decir que la provincia de Tucumán ha dado cabal cumplimiento al imperativo de conceder el aborto, dentro del cuadro de la mayor legalidad posible, a una niña que sufrió uno de los supuestos contemplados por la legislación penal para conceder tal permiso. Exponer el hecho como un presunto delito solo obedece a una discrepancia con uno de las interpretaciones del C.P. que ya sea por obedecer a criterios ideológicos o políticos sólo pone en evidencia la intencionalidad de circunscribir al fuero penal, en base a la criminalización de la conducta a un método de interrupción del embarazo que a todas luces resulta legal y operativo”.
  5. “En conclusión vale decir que evitar este tipo de proceso o criminalización no sólo hace a la actuación del Ministerio Público Fiscal dentro de sus propias funciones sino que también alienta la práctica médica para casos análogos y desalienta los miedos potenciales que personal médico pudiera tener en una situación de similares características. Con eje en esas dos premisas se fortalece, desde un punto de vista institucional, una actividad que seguramente con el correr de los tiempos, quedará totalmente bajo el manto de la estricta legalidad propendiendo a la realización de abortos bajo una dinámica segura para la integridad física de la víctima.

               El rechazo de la clandestinidad y la operatividad de lo legal, asentada en un criterio que en lo absoluto puede ser considerado inconstitucional, sumado a la inexistencia de actividad judicial alguna que impida su prosecución, dejará al aborto como una práctica médica entre todas las demás, que seguramente dará una adecuada respuesta al derecho de todas aquellas víctimas que,(…), entiendan que la interrupción de su embarazo -no deseado- en tanto producto de una violación puede ser interrumpido. El aborto, concebido en términos de interrupción de embarazo, es potestad de la víctima. El estado por su parte y valga la concepción a dar no puede abortar la situación. El aborto pertenece a la víctima no a la moral estatal”.-

 

 

[1] Dictamen del Comité de Derechos Humanos, Comunicación No 1608/2007  de fecha 29 de marzo de 2011 (CCPR/C/101/D/1608/2007). 

[2] Esas organizaciones fueron: Instituto de Género, Desarrollo y Derecho (INSGENAR)  Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Y Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina (CDD ARGENTINA) Para un análisis profundo del caso puede verse la obra colectiva de Estela Díaz, Cristina Zurutuza, Susana Chiarotti, Silvia Juliá y Marta Alanís “LMR Contra Estado Argentino Acceso a la Justicia en un caso de Aborto Legal” del año 2011, editado por Mariana Carbajal (CCD-Argentina y el INSGENAR).